La Federación de Consumidores en Acción (FACUA), ante el anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de implantar gradualmente la normativa europea que obliga a repercutir sobre la tarifa del agua el coste de las obras hidráulicas, considera que el Gobierno debe evitar que se aplique indiscriminadamente el principio usuario - pagador "“ directo y, a su vez, fomente un acceso justo y equitativo a los recursos naturales.

Según el Gobierno, y en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua que considera que el precio del recurso debe corresponderse con su verdadero coste a partir del 2010, serán los usuarios quienes deban sufragar las inversiones en las infraestructuras del agua a través del principio de recuperación de costes, lo que llevará a una importante subida del recibo del agua.

Para la Federación, la financiación de las obras hidráulicas debe provenir mayoritariamente de un sistema que esté integrado por partidas presupuestarias, ayudas públicas y subsidios, sin excluir el pago de un porcentaje a los consumidores. De ahí­ que FACUA solicite al Gobierno que priorice el derecho de todos los ciudadanos al acceso al agua antes de fijar un sistema de recuperación de costes centrado en los usuarios.

Asimismo, FACUA considera que, a la hora de establecerse el pago de los costes del agua, se respeten otros aspectos como la distribución de rentas o la solidaridad territorial, ya que desde la Federación se teme que este tipo de iniciativas lleven a la discriminación por zonas donde los más desfavorecidos tengan que hacer frente a un mayor número de inversiones y, por tanto, tengan que correr con más gastos.

Para evitar este tipo de desigualdades, FACUA viene demandando una norma que regule el suministro del agua, fije los precios con la participación de los usuarios y controle otros aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores, las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, las condiciones de presión y caudal mí­nimas exigibles por los usuarios, los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio, los conceptos incluidos en las facturas y los sistemas para la resolución de las reclamaciones, entre los que la Federación reivindica la obligación de que las empresas cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios y señala la necesidad de que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.