En primer lugar, que las modificaciones que recoge este Proyecto en relación con la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) dejan la puerta abierta para que el Gobierno Regional pueda llevar a cabo reestructuraciones, modificaciones y supresiones de los Entes Públicos de la Organización Sanitaria de la Comunidad de Madrid mediante decreto y no por ley. Significa, a juicio de los sindicatos, que el Gobierno Regional se sustrae de los controles parlamentarios básicos a los que cualquier Gobierno debe estar sometido.

En esta misma lí­nea parece estar la intención del Gobierno Regional reflejada en el Proyecto en cuanto a las modificaciones del Consejo Cientí­fico Asesor de Formación e Investigación y el Consejo Superior de Sanidad. En el proyecto se argumenta la necesidad de introducir -algunas modificaciones en la organización sanitaria de forma que el funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud resulte más ágil y operativo para los ciudadanos-. Sin embargo, a juicio del CES, lo único que se hace es -crear órganos asesores-, integrados por profesionales de reconocido prestigio, olvidando el desarrollo de órganos de participación ciudadana, previstos en la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, el propio CES alerta al Gobierno Regional, en sus recomendaciones, que es necesario tener en cuenta lo establecido en la Ley de Participación de los Agentes Sociales en las Entidades Públicas de la Administración de la Comunidad de Madrid, en relación con la participación de los Agentes Sociales.

El CES de Madrid y los sindicatos UGT y CCOO critican el contenido del Anteproyecto de Ley de Medidas en Materia Sanitaria al considerar que para proveer a un mejor desarrollo de lo preceptuado en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en especial en lo referente a los aspectos de coordinación, cooperación y calidad de las prestaciones, el contenido legislativo del Proyecto resulta inadecuado y, en muchos casos, reiterativo con otras normas tanto de carácter estatal como autonómicas. Este hecho añade confusión a la prolija legislación existente en las materias que se sustancian, generando inseguridad jurí­dica tanto para el ciudadano como para el sector empresarial.

En segundo lugar, en relación con las modificaciones del Proyecto en relación con el transporte sanitario, el CES considera que se debe regular dicha prestación, con el rango normativo que corresponda, de una manera global y completa en cuanto a su definición, contenido y alcance, desarrollo de la prestación, garantí­as de calidad y el régimen sancionador correspondiente, extremos que el Proyecto no recoge.

Finalmente, en relación con la actualización de la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica, en primer lugar, las modificaciones propuestas en el régimen sancionador resultan insuficientes para combatir el fraude y frenar el gasto farmacéutico, dando por resultado un régimen sancionador de tono menor, polarizado hacia el sector de la oficina de farmacia, y que olvida por completo a otros agentes, públicos y privados, que también tienen responsabilidad en el gasto farmacéutico.