Miles de palestinos ven negado su derecho fundamental a vivir como una familia por una ley israelí­ que debe ser revisada a finales de este mes.

La Ley sobre Ciudadaní­a y Entrada en Israel prohí­be a los israelí­es casados con palestinos de los Territorios Ocupados vivir con sus cónyuges en Israel.

En un informe hecho público hoy y titulado Torn Apart: Families split
by discriminatory policies, Amnistí­a Internacional pide a Israel que derogue la ley sobre unificación familiar, que discrimina tanto a los palestinos de Gaza y Cisjordania, como a los ciudadanos palestinos de Israel y a los residentes de Jerusalén que se casan con ellos.

La organización de derechos humanos ha manifestado: -La Ley sobre Ciudadaní­a y Entrada en Israel institucionaliza la discriminación racial en contra de lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin el derecho a la unificación familiar, miles de ciudadanos palestinos de Israel y residentes de Jerusalén tienen que vivir ilegalmente con sus cónyuges, temiendo a diario la expulsión, o el tener que sacar a toda su familia del paí­s-.

– En el Ministerio del Interior me dijeron que o me divorciaba o me iba a vivir a Cisjordania. Pero yo amo a mi esposo y él me ama a mí­, y no queremos divorciarnos, y yo no quiero llevar a mis hijos a vivir a Cisjordania, en medio de una guerra y una situación de inseguridad-, dice Salwa Abu Jaber, ayudante de guarderí­a, de 29 años, de Umm al-Ghanam, en el norte de Israel.

El ejército israelí­ también ha suspendido desde finales del año 2000
los procedimientos de unificación familiar para los residentes palestinos de los Territorios Ocupados casados con ciudadanos o residentes de otros paí­ses.

El gobierno de Israel ha justificado la prohibición de la unificación
familiar basándose en razones de -seguridad- y alegando que la ley tiene como finalidad reducir la amenaza potencial de ataques a Israel por parte de palestinos. Sin embargo, ministros y autoridades israelí­es han descrito repetidamente el porcentaje de ciudadanos palestinos de Israel como una -amenaza demográfica- y una amenaza a la naturaleza judí­a del Estado. Esto sugiere que la ley forma parte de una larga polí­tica dirigida a restringir el número de palestinos a los que se permite vivir en Israel y Jerusalén Oriental.

Amnistí­a Internacional pide a las autoridades israelí­es que:

*deroguen la Ley sobre Ciudadaní­a y Entrada en Israel;

*reanuden el procesamiento de las solicitudes de unificación de
acuerdo con el principio de no discriminación;

*procesen las miles de solicitudes atrasadas y reexaminen las solicitudes denegadas antes de la suspensión del procedimiento;

*den a todos las personas cuya solicitud se deniegue información
detallada sobre los motivos de la denegación, para que estos solicitantes puedan impugnar la decisión.