Para UGT-Madrid, la flamante figura aprobada vulnera el principio constitutivo de la vivienda protegida; transcurrido el nuevo plazo de afección de 7 años pasan al mercado libre, lo que evidencia el objetivo real de esta propuesta: la creación de un parque de viviendas libres con pago aplazado, en lugar de potenciar, tal y como viene manifestando Aguirre, la VPO en alquiler.

Hasta este momento, los Ayuntamientos cedí­an de forma gratuita suelo destinado a la construcción de viviendas en alquiler. A partir de ahora, los consistorios, si ofrecen suelo para esta figura, obtendrán beneficios económicos, lo que supondrá la proliferación de la vivienda con opción a compra en detrimento de la vivienda en alquiler.

Por otra parte, detrás de una medida aparentemente popular, se oculta una forma de discriminación de uno de los colectivos más desfavorecidos de la Comunidad de Madrid, dado el elevado í­ndice de precariedad laboral que afecta principalmente a los jóvenes.

Si estas viviendas se construyeran de acuerdo con un régimen tradicional de VPO, el precio serí­a inferior a la mitad de su coste final. Es más, el nivel de ingresos a los que se dirige esta medida (inferior a 5,5 veces el SMI, es decir, un máximo de 2.532,75 €/mes) indica que estas viviendas están destinadas a un subgrupo juvenil minoritario y no al conjunto del colectivo.

El máximo de edad (35 años) es otro botón de muestra de la ausencia de sensibilidad social y el carácter clasista del Plan, concebido para satisfacer las demandas de sus votantes.

Hay que recordar que Madrid es la Comunidad donde el precio del suelo, de la VPO, de la vivienda libre y del porcentaje destinado a la adquisición de vivienda son los más elevados de todo el Estado.

Esta medida no impedirá la corrección de la dramática situación que presenta el mercado inmobiliario regional, pues el precio de la VPO se duplicará, sólo accederán a ella jóvenes con rentas elevadas, se incrementará el endeudamiento familiar, no se fomentará la VPO en alquiler y se arrinconará la vivienda pública, olvidando la problemática de acceso a la vivienda de otros colectivos (inmigrantes, mujeres, familias monoparentales, mayores, etc.).

Por otra parte, esta figura, que es presentada como novedosa, fruto de la planificación del partido en el Gobierno regional, ya existí­a antes, con la variante de que el perí­odo de alquiler previo era de diez años, en vez de siete como en el momento presente.

Esta iniciativa cae, en todo caso, dentro de la vivienda en propiedad con pago diferido, y desde el primer momento se anunció que iba a participar el sector privado en su implementación.

Para UGT-Madrid, la puesta en marcha de esta figura, la gestión privada para acometerla, y el desinterés del Gobierno regional por impulsar la vivienda pública, confirma la entrega a los grandes promotores inmobiliarios de la planificación del desarrollo urbaní­stico regional. Tan sólo queda ya que la anunciada reforma de la Ley del Suelo facilite más aún la especulación inmobiliaria que pone sitio a la ciudadaní­a y derrota definitivamente las ilusiones del colectivo destinatario del mal llamado Plan Joven y de aquellos invisibles para Aguirre: los que no son jóvenes.

Por ello, serí­a preciso diseñar un Plan Integral de Vivienda que responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y que priorice la creación un parque público de vivienda en alquiler.