Su voluntad de criminalizar determinadas ideologí­as y organizaciones a través de una ley que vulnera principios básicos de la legalidad democrática pudo comprobarse poco después, cuando fue ilegalizada Batasuna, luego AuB y, más recientemente, la candidatura Herritarren Zerrenda para las elecciones europeas, pretendiendo así­ negar el derecho a la participación y a la representación electoral de un amplio sector de la sociedad vasca.

La ilegalización de la citada lista de HZ muestra, además, la contradicción de que se hayan legalizado otras listas (como Aralar) en las que se presentaban candidatos que lo hicieron en su dí­a en las listas ahora criminalizadas, y que en otro estado de la UE, Francia, dicha lista sea legal. Se está privando del derecho al sufragio activo y pasivo a ciudadanos sin haber sido condenados a ello.

Pese a la ilegalización de Herritarren Zerrenda, esta agrupación llamó al voto nulo como forma de protesta el pasado 13 de junio, comprobándose que ese dí­a un 12,32 % de electores en la Comunidad Autónoma Vasca y un 7,35 % en la Comunidad Foral Navarra se decidieron por esa opción. La diferencia con los votos nulos que se produjeron en las elecciones europeas de 1999 (0,88 % y 0,92 % respectivamente) ofrece pocas dudas sobre el hecho de que en esta ocasión más de ciento veinte mil votantes han seguido el llamamiento de HZ. Si a esto unimos el amplio rechazo que tanto la Ley de Partidos como la ilegalización de esa candidatura han encontrado en la mayorí­a de las fuerzas polí­ticas vascas, incluidos sectores del Partido Socialista de Euskadi, es evidente que se hace necesario y urgente derogar la citada Ley y ofrecer ví­as que permitan restablecer la plena libertad de expresión, asociación y participación electoral.

Por todas esas razones la Red por las libertades y el diálogo hace un llamamiento al conjunto de la sociedad, y en particular al nuevo gobierno, para que rompa con una de las peores herencias del gobierno de Aznar y con la complicidad activa que con ella tuvo el PSOE, derogando esta Ley, restableciendo las plenas garantí­as que todo Estado de derecho ha de respetar y contribuyendo así­ a encontrar nuevas ví­as de diálogo para la solución democrática del conflicto vasco.