Una situación que se ha visto agravada tras la extensión del servicio, que en algunos puntos llega incluso a Arganzuela, con el incremento subsiguiente de la plantilla (de 350 a 800 trabajadores entre las tres empresas adjudicatarias: DORNIER, SUFISETEX y EYSA).

Frente a las dos agresiones diarias, la empresa se inhibe de actuar, por lo que el conjunto de los empleados trabaja en unas condiciones de permanente desprotección, sometidos a la permanente amenaza de los ciudadanos que no terminan de encajar las multas impuestas por el incumplimiento del código de circulación, bien por aparcar en doble fila, bien o en estacionamientos reservados a carga y descarga.

La Federación de Transportes de UGT-Madrid UGT exige, por ello, la habilitación de mecanismos de aviso que permitan al posible afectado comunicarse con sus compañeros de rutas cercanas, así­ como la apertura de un proceso negociador con las empresas a fin de impulsar medidas que permitan erradicar esta variante de violencia en el trabajo.