Esto es así­ porque el principal anhelo de este tipo de organización de la sociedad civil, la creación del marco jurí­dico para atender a las especificidades de las ONGs, permanece todaví­a ignorado con la propuesta legislativa, lo que equivale a disminuir la importancia del trabajo de las entidades en la construcción de la sociedad democrática. -Con el PL 07, las ONGs, organismos sin fines de lucros y con intereses públicos más amplios, prosiguen equiparadas a las asociaciones comerciales y grupos de paracaidistas, no habiendo distinción de los diversos actores sociales que componen el llamado tercer sector-, explica Magnólia, que actualmente dirige el Esplar, centro de investigación con proyectos de agroecologí­a en el semiárido brasilero.

Técnicamente precario

Además de no contemplar las reivindicaciones antiguas de este sector social, el Proyecto de Ley puede ser considerado técnicamente precario por contener errores básicos como disponer sobre temas contemplados por otras normas, duplicando las exigencias legales sobre los mismos puntos y, en consecuencia, aumentando la burocratización perjudicando las actividades de las ONGs. Por ejemplo, la parte de las innumerables obligaciones legales ya previstas para las ONGs, éstas tendrán todaví­a que dar cuenta sobre los mismos detalles al Ministerio Público.

– Este proyecto de ley se origina de la conocida CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de las ONGs, instalada en 2001-. La justificación para la creación de la CPI serí­a aquella de que estas entidades actuaban en el paí­s sin ninguna supervisión del Estado. -Existen innumerables controles institucionales a los cuales las ONGs están sometidas, como la Receta Federal, el Ministerio de Trabajo, auditoria a los financistas externos, que pueden ser hasta trimestrales, y en el caso de que reciba recursos gubernamentales mediante asociaciones, son inspecciones mensuales de la oficina de control del Tribunal de Cuentas, tanto a la institución como en el campo. Este argumento de que las ONGs no tienen control es falso-, desmiente Magnólia.

Sin embargo, el mismo argumento está siendo usado en el PL 07 para atribuir al Ministerio Público la fiscalización de las ONGs, que tendrán que esclarecer sobre fuentes de recursos, tipos de actividades que pretenden realizar, el modo de utilización de los recursos, la polí­tica de contratación de personal, los nombres y calificaciones de sus dirigentes y otras informaciones, datos que ya son obligados a proporcionar a otros órganos. -Lo curioso es que ni siquiera las grandes multinacionales, que enví­an al exterior millones de dólares al año, deben dar tantas explicaciones al gobierno-, comenta la organización Instituto Socio-Ambiental.

El proyecto prevé incluso que el funcionamiento de toda organización de la sociedad civil, de las entidades de actuación nacional a las asociaciones comunitarias, está condicionado a la inscripción en el Registro Nacional de ONGs (CNO), creado con la norma. -El propio Ministerio Público posee un registro de ONGs, tanto como los sistemas de control financiero. Lo que ocurre es que estos registros no se intercomunican. Si afirman que las ONGs no son controladas, se debe destacar que la causa más probable reside en el hecho de que el gobierno no se organiza internamente para realizar este control-, declara ella.

Lo peor ya pasó

A pesar de las innumerables fallas, el proyecto fue refrendado sin mayores discusiones en el Senado, pues lí­deres de los partidos habí­an decidido previamente su aprobación, corresponde al substitutivo presentado por el senador César Borges (PFL/BA), que retira inconstitucionalidades de la versión original de autorí­a del senador Mozarildo Cavalcanti (PPS/RR), relator de la CPI de las ONGs. Él proponí­a, por ejemplo, restringir el derecho a la libre asociación y cerrar las existentes en caso de que -dañasen los intereses nacionales-.

De acuerdo con el Instituto Socio-Ambiental, Cavalcanti -se destaca en el parlamento por su militancia contra los derechos indí­genas con actuación decisiva en la no delimitación de la tierra indí­gena Raposa Serra do Sol y por su ligazón con propietarios rurales procesados por degradación ambiental, lo que le valió el antagonismo de organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro del bienestar de los pueblos indí­genas y de la promoción del desarrollo sustentable-.

Sin embargo, Magnólia está confiada de que la misma estrechez no prevalezca en la Cámara de Diputados, que puede incorporar enmiendas y modificar el Proyecto de Ley. -Necesitamos romper con la visión instrumental sobre las ONGs incentivada por el propio gobierno, que deslinda los servicios que por obligación deberí­a prestar, convirtiendo a las entidades en puramente asistenciales, mientras que el verdadero papel de éste reside en actuar creativamente en la sociedad-, declara la activista, esperando que con el paso por la Cámara se establezca finalmente la debida relación entre las ONGs y el Estado, con transparencia para ser acompañada por todo el resto de la sociedad.

Evandro Bonfim es periodista de Adital.