De ahí­ que sea necesario reclamar la atención de la opinión pública, de los partidos polí­ticos y de los sindicatos para enfrentar colectivamente esta situación de emergencia.

Los apagones a consumidores especí­ficos (ciudadaní­a y factorí­as industriales) no pueden ser el recurso habitual y continuo. En los últimos años el consumo ha crecido considerablemente, mientras que la potencia instalada de generación se mantuvo prácticamente constante.

Las necesidades de potencia para este verano, así­ como para el periodo 2002-2006, son considerablemente mayores que los realizados en el Informe Marco 2001. La FM de CC.OO. ya avisó el verano pasado de que, para atender las estimaciones sobre la previsible demanda de energí­a para 2004, eran necesarios nada menos que 18 grupos de generación de 400 megawatios, así­ como que tanto su construcción como la de las infraestructuras de transporte de combustible para estas centrales sufrí­an importantes retrasos que poní­an en peligro la actividad social y económica de los próximos años. Desgraciadamente, los apagones vividos esta semana en Sevilla, ante la ola de calor que atraviesa la mitad sur de España, han hecho realidad las continuas advertencias de esta organización.

La alta sensibilidad de los precios del mercado de electricidad en España, y su dependencia de las lluvias, hacen especialmente importante el í­ndice de cobertura o proporción de la potencia instalada en relación al consumo eléctrico punta más alto.

Las más recientes estimaciones de cobertura de la demanda de energí­a eléctrica ponen de manifiesto que en ninguno de los escenarios de crecimiento existe una garantí­a de que pueda ser cubierta. La interrelación entre los sistemas eléctrico y de gas es cada vez mayor, por lo que la seguridad del aprovisionamiento, almacenamiento y transporte no sólo repercutirá en el propio sector gasista, sino también en la garantí­a de suministro de energí­a eléctrica.

El desarrollo de las propias infraestructuras de transporte del combustible (gas natural) sufren también importantes retrasos que pueden generar aún mayores problemas que los de los grupos de generación.

Para la Federación Minerometalúrgica de CC.OO., el sistema privado y liberalizado, con un marco de regulación insuficiente, está provocando riesgos regulatorios que agravan aún más los no pocos problemas y retrasos en las urgentes e imprescindibles inversiones que la iniciativa privada ha de acometer.

Los acontecimientos vividos deben servir para que el Gobierno sea capaz de facilitar el flujo de inversiones privadas necesarias para garantizar el suministro de energí­a.

La FM de CC.OO. reclama una acción decidida y urgente para revisar las reglas, objetivos, instrumentos y marcos de actuación de las empresas presentes en el sector con el fin de reducir las situaciones de \’emergencia\’ en la que se encuentra el sistema energético español.

Este sindicato también considera que es imprescindible impulsar las polí­ticas de ahorro energético de una forma seria y decidida, tanto en su vertiente de generación, distribución y transporte (localización y mantenimiento), como en su vertiente social, implicando a todos los agentes, más allá de las propias empresa.

Al mismo tiempo, el coste por cumplir las obligaciones de Kioto no debe repercutir en un aumento de tarifas para los ciudadanos y ciudadanas, ni por ví­a directa (creación de un nuevo impuesto medioambiental), ni indirecta (gravar el kw generado, produciendo a través del pool un efecto multiplicador del precio). Para CC.OO., la actual metodologí­a de cálculo de tarifas que contempla la moratoria nuclear, el pago de los CTC"™s, el impuesto de carbón y el pago de la distribución permitirí­an asumir ese coste sin repercusión en el consumidor.