El 80% de las personas privadas de libertad en Andalucí­a (12.266, la cifra más alta de todo el Estado) lo están a causa de los problemas de drogodependencias. Según ENLACE, la realidad de las personas drogodependientes en prisión es "muy preocupante" y exige que la Junta de Andalucí­a "haga cuánto esté en su mano para poner freno a esta situación". Para ello, "un paso inmediato debe ser que el Gobierno andaluz asuma las competencias en materia penitenciaria".

ENLACE también ha planteado la necesidad de incluir la sanidad penitenciaria en el Servicio Andaluz de Salud y de implantar en las prisiones andaluzas todos los programas de tratamiento de drogodependencias que existen en la calle, entre ellos, el Programa de Intercambio de Jeringuillas, del que se desconoce qué extensión tiene actualmente en las prisiones andaluzas. La Directora General de Instituciones y Cooperación con la Justicia ha valorado positivamente estas demandas y, en concreto, se ha comprometido a investigar cómo se está aplicando el Programa de Intercambio de Jeringuillas en las prisiones andaluzas y, en general, cuál es la situación actual de las personas drogodependientes que están en prisión.

ENLACE mostró a Garcí­a Juárez su convencimiento de que la prisión no es el lugar adecuado para que los tratamientos terapéuticos sean efectivos y que tampoco consigue el objetivo de reeducación y reinserción social que en teorí­a debe cumplir. Según Enlace, cada año la Junta gasta 7"™8 millones de euros en las cárceles andaluzas, pero siguen siendo escasas las plazas en casas de acogida, pisos de reinserción o comunidades terapéuticas que permitan aplicar medidas alternativas a la prisión. Antonio Escobar señala que "una plaza en una comunidad terapéutica es mucho más económica que mantener a una persona en prisión, y la primera se muestra eficaz para la reinserción de las personas drogodependientes, mientras que la cárcel es totalmente contraproducente para el mismo objetivo".

Por ello, ENLACE hizo llegar a la Directora General de Instituciones y Cooperación con la Justicia la necesidad de que la Junta de Andalucí­a amplí­e el número de casas de acogida, pisos de reinserción, comunidades terapéuticas, etc. que existen, las ayudas a la contratación de personas que salen de prisión o los itinerarios personalizados de incorporación sociolaboral en cumplimiento de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

ENLACE señala que "las asociaciones sabemos que las medidas alternativas a la prisión están dando resultados muy positivos, pero se están aplicando muy escasamente y queremos saber por qué". Ante esta situación, la Junta de Andalucí­a se ha mostrado favorable a realizar un seguimiento de la aplicación real de las medidas alternativas a la prisión extraí­do de las resoluciones de los Juzgados de Andalucí­a, trasladando esta información a las asociaciones de drogodependencias.

En esta reunión Garcí­a Juárez señaló que la Junta de Andalucí­a va a seguir manteniendo su colaboración con Enlace en el seguimiento de la implantación y funcionamiento de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurí­dico Penitenciaria (SOAJP), tal y como ha demandado la federación Andaluza.

ENLACE también planteó en la entrevista con Garcí­a Juárez una serie de cuestiones relacionadas con la coordinación entre Gobierno andaluz y central, entre ellas, la paralización de la construcción de las 2 nuevas prisiones previstas para Andalucí­a, en Morón de la Frontera (Sevilla) y El Puerto de Santa Marí­a (Cádiz). El hacinamiento que sufren las personas presas es un problema cada vez más acuciante y las prisiones andaluzas se encuentran en estos momentos al 160% de su capacidad. Según Antonio Escobar, "la mejor solución a esta masificación no está en la construcción de nuevas cárceles, sino en la inversión en recursos de cumplimiento alternativo y de apoyo a la salida".

Otras demandas fueron que la Junta presione para conseguir la salida de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior y su inclusión en el Ministerio de Justicia, y el impulso de una ley que regule el procedimiento en materia de vigilancia penitenciaria.