El Plan es el resultado de nueve meses de trabajo de la Gerencia de Inmigración, Cooperación y Voluntariado, y de algunas organizaciones sociales afines al gobierno municipal. Durante todo ese tiempo se ha hurtado la participación de otras ONG,s, menos condescendientes con la intervención -asistencialista- que impregna el Plan, y por supuesto se ha ignorado a los agentes sociales (patronal y sindicatos), olvidando que el 82% de los inmigrantes en Madrid están en edad laboral y buscan empleo, para alcanzar aquí­ una vida más digna que la que dejan atrás.

Los datos sociodemográficos de los que se parte son insuficientes, no se han estudiado los perfiles de la población inmigrante, sexo, edades, niveles culturales y formativos, pautas de asentamiento de grupos, situación laboral, vivienda y salud.

Por otro lado desconocemos el presupuesto con que se cuenta, no se ha presentado una Memoria económica que nos ilustre de las posibilidades reales de intervención social.

No implica a otras Concejalí­as, ni siquiera existen mecanismos de mí­nima coordinación entre las Concejalí­as y con otras Administraciones, carencia especialmente grave en el caso la vivienda, la educación y la formación ocupacional, que están ausentes.

Tememos que los cuatro programas asistenciales (Acogida en la Casa de Campo, APOI, Jóvenes procedentes del Magreb y Acogida temporal de personas de origen subsahariano), que son los programas -estrella-, seguirán siendo gestionados por entidades privadas, sin haber establecido medidas de control y seguimiento que garanticen la correcta ejecución de los mismos.

La discriminación por razones de genero, que sufren las mujeres inmigrantes tanto en la cultura de origen como en la de acogida, no tiene ningún tipo de intervención prevista a pesar de que son mayorí­a absoluta, 105,5 mujeres por cada 100 hombres de origen extranjero.

Ha desaparecido del Plan cualquier referencia al empleo, que deberí­a ser la herramienta imprescindible para la integración social de los inmigrantes y sus familias.

Las medidas de intervención dirigidas exclusivamente a determinadas nacionalidades podrí­an resultar discriminatorias a priori, y más cuando se van a llevar a cabo sobre jóvenes de18 a 21 años de edad.

Los programas de mediación intercultural, vecinal y en el uso de parques, se solapan entre sí­, son redundantes comparten objetivos, clientes y recursos.

Las mesas de Diálogo y Convivencia podrán ser una estructura de participación polí­tica y social sólo si se les dota de recursos económicos y se garantiza la representatividad de sus componentes.

En definitiva UGT-Madrid, saluda con agrado que la capital vaya a tener su propio Plan para la Convivencia Social y la Interculturalidad, pero creemos que ha de ser radicalmente distinto al que se plantea en el Borrador conocido ayer: ha de implicar a todo el Ayuntamiento y articular la colaboración con los planes y la intervención que las otras Administraciones (Autonómica y Estatal) mantienen en el mismo ámbito territorial. Y ha de implicar también a los agentes sociales, pues el acceso empleo y la dignidad en las condiciones de trabajo, son las mejores herramientas de integración social efectiva en la sociedad madrileña.