Greenpeace ha valorado positivamente el cambio de tendencia en las emisiones que supone el borrador de Plan Nacional de Asignación presentado hoy por el Gobierno, aunque advierte que el plan deberí­a ser más ambicioso porque es posible y necesario lograr reducciones de emisiones que nos acerquen más al cumplimiento de Kioto. La asignación de derechos para el primer periodo ha sido muy generosa, y será necesario dejar muy claro que habrá que reducir mucho más las emisiones para garantizar que Kioto se cumple.

Según Greenpeace, la aplicación de los objetivos y medidas del Plan obligará a revisar la actual planificación energética que nos llevaba a un aumento incesante de las emisiones de CO2. Ahora la prioridad deberá estar en las energí­as renovables y en el uso eficiente de la energí­a, claves para sustituir centrales térmicas.

"El cumplimiento de Kioto obligará a detener la actual avalancha de centrales térmicas y a sustituirlas por energí­as renovables" -ha declarado José Luis Garcí­a Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energí­a de Greenpeace- "Por primera vez, un Gobierno está dispuesto a asumir que los costes ambientales han de ser asumidos por quien contamina, no por el conjunto de la sociedad. Es lo justo, es posible y es necesario".

Uno de los aspectos más importantes del borrador es que reparte equitativamente los derechos de emisión, sin recargar injustamente al conjunto de la sociedad con las emisiones producidas por la industria: cada sector tendrá que contribuir en proporción a lo que emite. Otros aspectos de la propuesta presentada por el Gobierno que Greenpeace valora positivamente son:

Que no se permita la agrupación de instalaciones ("pooling") en el sector eléctrico.

La reserva de derechos para instalaciones de cogeneración, como manera de apoyar esta forma eficiente de producir energí­a. Greenpeace cree que se deberí­a reservar incluso más del 50% de los derechos de los nuevos entrantes energéticos para la cogeneración.

El método de subasta para los derechos no reservados a nuevos entrantes. La voluntad de cumplir el calendario para la elaboración del plan, como marca la Directiva.

Sin embargo, Greenpeace advierte del peligro de confiar excesivamente en los mecanismos de flexibilidad de Kioto, pues desincentivan las acciones nacionales de reducción de emisiones y al final pueden ser inútiles si el Protocolo no entrase en vigor. Greenpeace valora que se establezca un lí­mite cuantitativo al uso de los mecanismos, pero cree que ese lí­mite (100 millones de toneladas en 2008-2012) es muy generoso, por lo que deberí­a reducirse. Es imprescindible asegurar que los "mecanismos" de Kioto se usen exclusivamente para proyectos de renovables y eficiencia energética, en coherencia con los objetivos estratégicos señalados por el Gobierno español: "No se puede decir que se apuesta por las energí­as limpias en España y luego permitir que nuestras empresas realicen proyectos de energí­a sucia en otros paí­ses y quieran obtener créditos para Kioto" -añadió José Luis Garcí­a.

Otro peligro de la propuesta del Gobierno que preocupa a Greenpeace es la creación de "fondos de carbono", que puede convertirse en una forma encubierta de subvención a la industria. No se debe usar dinero público para cubrir las obligaciones de la empresa privada.

"España puede cumplir con Kioto, si existe voluntad polí­tica para ello. Greenpeace apoyará las medidas que vayan en esa dirección" -ha añadido el portavoz de Greenpeace.

Greenpeace espera que sus opiniones y propuestas sean debidamente tenidas en cuenta por el Gobierno, y recuerda que la participación pública es una obligación de la Directiva para la elaboración del plan de asignación. A la hora de repartir los derechos por instalaciones, Greenpeace defenderá que se haga de la manera más objetiva, a través de "valores guí­a" ("benchmarking").