Este lunes se han reunido, en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, el Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, el Secretario General de Comisiones Obreras (CCOO), José Marí­a Fidalgo, y el Secretario General de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez.

En el encuentro, al que asistieron también los Secretario Generales de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT y de la Federación de Enseñanza de CCOO, Jesús Ramón Copa y Fernando Lezcano, los responsables sindicales informaron al Presidente de la CRUE de las acciones de protesta contra el Proyecto de Ley Orgánica de Universidades que han convocado ambos sindicatos y que comenzarán el próximo dí­a 7.
En los últimos años se ha venido insistiendo desde las universidades en la necesidad de abordar una reforma legislativa que impulse un nuevo salto cualitativo de nuestro sistema universitario y facilite su continua adaptación a los retos y demandas de la sociedad; un nuevo marco normativo congruente con el actual mapa competencial y nuestra incorporación al espacio europeo de educación superior.

Con el ánimo de contribuir al diagnóstico previo y a la definición de propuestas de futuro, la CRUE promovió hace tres años la realización del informe Universidad 2000, un trabajo que contó con una amplia participación de los agentes sociales y permitió la apertura de un intenso y fructí­fero debate. Lamentablemente, la petición que el Patronato del informe hizo a la Presidenta del Congreso de los Diputados para que este debate tuviera su reflejo en sede parlamentaria quedo sin respuesta.

El Proyecto de Ley de Universidades ha generado un amplio rechazo. En su elaboración se ha obviado la opinión de la comunidad universitaria y poco, o nada, tiene que ver su contenido con los objetivos de calidad que se anuncian, de forma insistente y reiterada, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además, es clamorosa la ausencia de compromisos financieros concretos que permitan nuestra convergencia con la media europea en gasto por estudiante -España ocupa en la actualidad el penúltimo lugar- y que garanticen, a un tiempo, la suficiencia de recursos y la igualdad de oportunidades.

Desde que se conocieron los primeros borradores y de forma más acusada en su paso por el Congreso, ha quedado patente la falta de consenso; un consenso que es básico para garantizar que la nueva norma universitaria nace al servicio del interés general y para asegurar su capacidad transformadora. Ha faltado tiempo y, sobre todo, ha faltado un procedimiento adecuado e institucionalmente respetuoso para el debate y el contraste de opiniones.

El trámite en el Senado ofrece una última oportunidad para abrir un proceso de diálogo y buscar, con el tiempo preciso y altura de miras, ese consenso; una oportunidad que pedimos al Presidente del Gobierno valore y aprecie adecuadamente y un diálogo para el que ofrecemos, como hasta ahora hemos hecho, nuestra más leal colaboración. La Universidad española, por su contribución al progreso social, cultural y económico de nuestro paí­s, bien lo merece.