La información de las agencias de noticias bolivianas es que algunos campesinos liderados por el concejal Saturnino Apaza Aro detuvieron el alcalde y lo obligaron a subir a un vehí­culo particular.

El cuerpo de Calle fue abandonado cerca de las 6 horas del lunes, dí­a 14, en la plaza principal de Ayo Ayo. Los familiares del alcalde presentaron la denuncia el lunes por la noche, pero los policí­as se trasladaron a la ciudad junto con el Ministerio Público recién ayer, dí­a 15. El concejal de Ayo Ayo, Saturnino Apaza Aro, fue aprehendido y llevado a la Policí­a Técnica Judicial (PTJ) donde se encuentra detenido.

Un policí­a afirmó que -el cuerpo estaba incinerado, calcinado, carbonizado; su rostro aún guardaba los gestos de desesperación-. De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, el alcalde tení­a un traumatismo cráneo encefálico, politraumatismo severo y la causa de la muerte se debió a una deshidratación severa y lesiones en los centros nerviosos severos, descartando que él habrí­a sido amarrado a un poste y quemado posteriormente, tal como denunciaran sus familiares. El Ministerio Público anunció que investigará el caso para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato.

Antecedentes

Benjamí­n Altamirano Calle fue elegido alcalde como militante de Nueva Fuerza Republicana. El 26 de marzo de 2002, Altamirano Calle y su abogado se salvaron de un intento de linchamiento. Dí­as después, los campesinos quemaron su vivienda, lo que obligó al alcalde trasladar su residencia a la ciudad de El Alto.

Los pobladores acusaron a Altamirano Calle de actos de corrupción y presentaron una demanda ante el Tribunal de Sentencia de Sica Sica, pero los jueces determinaron su libertad por falta de pruebas.

Los policí­as y periodistas que participaron de la recuperación del cuerpo del alcalde de Ayo Ayo tuvieron que escapar de los campesinos que empezaron a insultar a las autoridades y a los reporteros desplazados. Imágenes difundidas por el estatal Canal 7 muestran a los campesinos prohibiendo a los periodistas que les enfocaran directamente y lanzando piedras contra ellos.

Según el director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (Cesu-UMSS), Fernando Mayorga Ugarte, detrás del asesinato del alcalde de Ayo Ayo -hay una mal llamada justicia comunitaria que se ha traducido en linchamientos, lo que pone en evidencia la pérdida de la institucionalidad estatal-. No hay canales para procesar conflictos ni demandas de aplicación de justicia. En este caso la ví­ctima es una autoridad pública y eso nos lleva a la comparación con Ilave (Perú), dice Mayorga Ugarte.

El municipio de Ayo Ayo, que tiene cerca de 7.000 habitantes, se encuentra muy cerca de la frontera con Perú, a 50 kilómetros de la ciudad de Ilave, donde el 26 de abril pasado, fue linchado el alcalde Cirilo Robles.