Vivimos en una sociedad sumida en una crisis quí­mica por la presencia generalizada en el medio ambiente de sustancias peligrosas. Algunas de ellas son especialmente preocupantes porque provocan serios problemas de salud o porque se bioacumulan y son muy difí­ciles de destruir. Aunque cada vez somos más conscientes de ello, muy poca gente sabe que en los productos de consumo que compramos y usamos en nuestras casas a diario hay muchas sustancias quí­micas peligrosas sintéticas. Moquetas, cortinas, juguetes, televisores, ropa, ordenadores, impresoras, cosméticos o perfumes esconden aditivos quí­micos que raramente aparecen en las etiquetas y nunca son visibles.

Los fetos y los bebés son el grupo más vulnerable a los tóxicos, porque están expuestos, desde el útero, a mayores concentraciones de sustancias
quí­micas peligrosas que los adultos. El feto en desarrollo, además de a las sustancias a las que está expuesta la madre a diario, se expone a aquellas que ya se han almacenado en los tejidos maternos con anterioridad. La exposición se produce a través del cordón umbilical, por las sustancias acumuladas en la sangre materna y por el contacto con el lí­quido amniótico.

Los efectos de estos tóxicos durante el desarrollo pueden causar problemas de salud permanentes e irreversibles y, algunos de ellos, pueden no manifestarse hasta la edad adulta. Lo más grave es que todas estas sustancias pueden sustituirse por productos más seguros. Por eso pedimos la colaboración de mujeres embarazadas. Ellas deben saber que pueden luchar por un futuro libre de tóxicos para sus hijos e hijas. Greenpeace quiere informar a las futuras madres y colaborar con ellas ante una situación de
vulneración de un derecho fundamental como es el derecho a nacer en un ambiente seguro, libre de sustancias tóxicas.

Las mujeres que quieran colaborar con Greenpeace o quieran más información sobre la campaña pueden rellenar un formulario en la página
www.greenpeace.es ó llamar al teléfono 91 444 14 00.

La legislación actual sobre sustancias quí­micas no dota a los consumidores y consumidoras del derecho a elegir productos seguros porque no obliga a las empresas a informar sobre el contenido quí­mico de sus productos. Tampoco
prohí­be el uso de sustancias quí­micas peligrosas en productos de consumo.

Greenpeace apuesta porque los polí­ticos y las empresas asuman sus responsabilidades y apliquen el Principio de Sustitución, de forma que si
hay una alternativa más segura disponible sea razón suficiente para que se prohí­ba utilizar una sustancia peligrosa.