La Junta Electoral Central y las Juntas Electorales Provinciales de Córdoba, Ciudad Real, Palencia, Madrid, Sant Feliu y Hospitalet de Llobregat han hecho llegar un comunicado a los grupos promotores de la Consulta de algunas localidades. Estos comunicados expresan la prohibición de realizar la Consulta Social Europea, algunos de ellos limitando dicha prohibición a las inmediaciones de los colegios electorales. Esto pone en evidencia los lí­mites del sistema representativo. Mientras desde la sociedad civil se busca abrir espacios de participación, desde las administraciones se entorpecen estas iniciativas llegando incluso a intentar ilegalizarlas.  

Ya evidenciamos en el año 2000, con la Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa que las Consultas populares NO interfieren en los procesos electorales. En esa ocasión la Consulta se celebró a pesar de la ilegalización de la Junta Electoral Central y en ella participaron más de un millón de personas en todo el Estado español. Muchas de las mesas de la Consulta Social Europea ni tan sólo estarán situadas cerca de los colegios electorales, sino que se prioriza el emplazamiento en plazas o calles céntricas de los municipios. No pretendemos influir en el voto de los ciudadanos y ciudadanas, sino poner sobre la mesa la necesidad de debatir públicamente y de la forma más amplia posible temas como la democracia participativa, la futura Constitución Europea, los gastos militares, el modelo energético, la distribución de la riqueza o el problema de la vivienda. Es triste que cuatro años después, habiendo demostrado lo positivo de aquella experiencia, se vuelva a repetir la misma situación. 

Resulta paradójico que no se permita ni tan sólo preguntar a la población si son necesarios más espacios y mecanismos de participación (primera pregunta de la Consulta Social). En muchas ocasiones hemos oí­do a los polí­ticos quejarse de que la gente no participa, pero cuando se abren espacios para que la ciudadaní­a se pueda expresar polí­ticamente se obstaculizan enormemente estas iniciativas, que tienen como objetivo precisamente la construcción de una sociedad más democrática y justa. Desde la administración se ha considerado que un ejercicio de participación que intenta ir más allá de la simple emisión del voto para designar representantes polí­ticos, interfiere el devenir normal de nuestra democracia. Una democracia sin duda insuficiente.

Estamos recurriendo la prohibición bajo la base legal de que la JEC no es competente para autorizar -o no- la Consulta Social Europea, al no tratarse de un acto de campaña electoral; al contrario está amparada por el  Derecho de Reunión (art. 21 de la Constitución Española).

Desde los grupos promotores de la Consulta Social Europea nos reafirmamos en nuestro posicionamiento y seguimos pensando, incluso con más fuerza que antes, que la Consulta Social del domingo 13 de junio debe continuar adelante, sin pretender entorpecer el devenir normal de las elecciones europeas, y con el único objetivo de promover espacios de participación, debate y construcción de alternativas. Así­, el domingo se prevé que centenares de voluntarios y voluntarias salgan a la calle en cerca de 100 barrios, pueblos y ciudades de todo el Estado español para poner en marcha esta Consulta Social, que no es la primera y tampoco será la última que se realiza en este paí­s. Mientras el sistema representativo siga limitando la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la polí­tica a la votación durante las elecciones, desde la Sociedad Civil seguiremos convocando Consultas Populares para seguir reivindicando una Democracia Participativa real.

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