Tanto en la Ley de Aguas como en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, e incluso en el propio Plan Hidrológico Nacional, se hace
mención a la obligación que tiene la administración de proteger los
cauces de los rí­os y sus riberas, así­ como de proceder a la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo.

A pesar de que la legislación vigente es bastante clara al respecto,
según un informe elaborado por Ecologistas en Acción, existen más de
40.000 construcciones situadas dentro de los cauces y zonas de
influencia directa de estos, y además este número se está incrementado
dí­a tras dí­a. De estas construcciones, la mayor parte son viviendas,
aunque también existen un buen número de campings, polideportivos, e
incluso colegios, residencias de ancianos, etc.

Por otra parte, la incidencia social también es importante, pues una
buena parte de estas construcciones se sitúan en zonas de alto riesgo de inundación, constituyendo un riesgo evidente para la vida de las
personas que residen en esas viviendas. Los sucesos acaecidos en el
camping de Biescas (Huesca) o en el barrio de Cerro de Reyes, en
Badajoz, son una buena prueba de ello.

Con el fin de corregir la actual situación Ecologistas en Acción ha
reclamado al Ministerio de Medio Ambiente que lleve a cabo las
siguientes actuaciones:

– Introducir en las Confederaciones Hidrográficas los cambios necesarios para conseguir que actúen con eficacia en la protección del dominio público hidráulico.

– Establecimiento de acuerdos entre el Ministerio de Medio Ambiente y el SEPRONA para proceder a la inmediata paralización de las construcciones ilegales en los inicios de las obras, e imposición de las sanciones correspondientes.

– Concluir, en el plazo de dos años, el deslinde de la totalidad del
dominio público hidráulico.

– Establecimiento de un plazo de cinco años para proceder a la
eliminación de todas las construcciones existentes en los cauces y zonas de alto riesgo de inundación.

– Restauración ambiental de las áreas donde estaban ubicadas las
construcciones, encaminada principalmente a la recuperación del bosque
de ribera originario.

Si el Ministerio iniciase estas actuaciones Ecologistas en Acción se
muestra convencida de que en pocos años este problema ambiental y social estarí­a solucionado. En caso contrario, los actuales responsables del Ministerio de Medio Ambiente pasarí­an a engrosar la lista de las personas que, siendo su obligación, no han hecho nada para corregir la actual situación, siendo corresponsables de las tragedias que futuras avalanchas de agua pudieran producir sobre las personas que habitan en estas viviendas situadas en los cauces o en zonas de inundación de los mismos.