A estas mujeres y hombres se les niega la ciudadaní­a, es decir, el acceso a los derechos en igualdad de condiciones que al resto de la población nacional, y la capacidad de participar en los asuntos públicos que afectan a toda la población. El mismo proyecto de Constitución Europea, cuando explicita que será ciudadana de la UE -toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro-, excluye de la ciudadaní­a a más de 15 millones de personas de terceros paí­ses.

Es necesario superar esta situación injusta y generadora de conflictos. Es necesario avanzar en la ciudadaní­a, entendida como sentido de pertenencia a la comunidad, rompiendo con la visión instrumental de la inmigración que sólo tiene en cuenta los intereses del mercado de trabajo y que contempla su presencia como algo provisional.

Esa pertenencia a la comunidad implica ser sujetos de derechos y deberes, con plena participación en la vida social, polí­tica, económica y cultural del lugar donde se reside. Por ello creemos imprescindible que la ciudadaní­a europea esté asociada a la residencia estable en los paí­ses de la UE, y no al concepto de nacionalidad.

La situación de irregularidad de cientos de miles de inmigrantes es el problema más grave al que debe enfrentarse la polí­tica migratoria en España. De hecho, se ha convertido ya en un factor estructural, originado en primer lugar por la propia normativa de extranjerí­a, que imposibilita, en la práctica, el ejercicio legal del derecho humano a la emigración. Y en segundo lugar, por las caracterí­sticas de la economí­a española, en la que el sector sumergido supera el 30% y demanda una mano de obra sin derechos y de bajo coste.

Las últimas reformas de la Ley de Extranjerí­a, lejos de actuar sobre esas causas, no han hecho más que agravar las condiciones para estas personas que, supuestamente, no pueden ni siquiera trabajar en esa economí­a irregular y sumergida. Además, la lentitud de la Administración en la renovación de permisos, las enormes trabas burocráticas y las altas dosis de arbitrariedad, provocan que inmigrantes que ya han tenido permiso de residencia no puedan renovarlo y vuelvan de nuevo a la situación de irregularidad. Con toda urgencia hay que dotar de medios suficientes a la Oficina de Extranjerí­a para que dé solución a los miles de expedientes acumulados.

Estas personas se encuentran sin salida alguna. No se les reconoce ni el derecho a existir, ignoradas por la Administración para todo, excepto para ser perseguidas. Condenadas a la clandestinidad y a la marginación, privadas de derechos, son presa de los explotadores. Y a ello se une el miedo constante a la policí­a, a verse expulsadas, a vivir escondidas. Son situaciones de angustia que llevan a trastornos mentales cada vez más frecuentes.

Pedimos que se abra un proceso inmediato de regularización que permita la obtención del permiso de residencia y trabajo para todas las personas inmigrantes. Que se considere ciudadana europea a toda persona que resida en el ámbito de la Unión y que este derecho se incorpore a la Constitución Europea.

Porque los Derechos Humanos son universales. Y una sociedad que discrimina se degrada y envilece.

POR LA REGULARIZACIÓN DE LA, PERSONAS INMIGRANTES

POR LOS DERECHOS HUMANOS

POR LA CIUDADANÍA EUROPEA