El rechazo generalizado al mandatario ecuatoriano firmado por organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indí­genas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Foro Urbano, Movimiento Pachakutik, Campesinos de Ecuador (CONFEUNASSC-CNC), entre otras, se debe principalmente a la polí­tica externa desarrollada por la actual administración.

En este sentido, las organizaciones piden cambios en la comisión que representa el paí­s en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), que Ecuador, Perú y Colombia plantean con Estados Unidos. Exigen además de la retirada de Ecuador del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) y de los Planes militares Colombia y Patriota..

Por creer que difí­cilmente Gutiérrez promueva modificaciones en la manera por la cual está conduciendo Ecuador, los manifestantes solicitan que los parlamentarios instituyan en el paí­s el referendo revocatorio, similar al que prevé la Constitución venezolana y que en agosto decidirá la continuidad del mandato del presidente Hugo Chávez.

– Consideramos impulsar la reforma polí­tica democrática que incluya la incorporación de la figura de la revocatoria del mandato presidencial; retomar la propuesta de un régimen semi parlamentario y el establecimiento de un sistema electoral que garantice la representación proporcional-, declara el colectivo en carta enviada ayer al Congreso ecuatoriano.

De acuerdo a las organizaciones, estas propuestas se coadunan -con absoluta claridad la necesidad de una salida democrática- para la presente crisis del paí­s. -Esto significa que en primer lugar debe ser una salida constitucional. Es inadmisible que desde las propias esferas gubernamentales se haya propuesto la posibilidad de disolución del Congreso-, advierten, delante de rumores golpistas que han circulado recientemente.

El colectivo recomienda además al paí­s -retomar efectivamente la urgente demanda de reactivar la producción nacional para enfrentar la recesión-. Para ello sugiere que se -genere mecanismos reales para otorgar crédito para pequeños y medianos productores del campo y la ciudad-, y así­ evadir de la dependencia que la economí­a ecuatoriana posee con relación a la producción de petróleo como exclusiva fuente de ingresos.

Los manifestantes solicitan, además, que las inversiones sociales del gobierno lleguen a 40% de los recursos de fondos estatales creados a partir de los ingresos con petróleo. Las organizaciones temen que la inversión social disminuya con la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, que para ellos debe ser reformada, de manera a excluir las aplicaciones en el sector social del techo establecido por norma.

Evandro Bonfim es periodista de Adital.