La población de atún rojo ha descendido en un 80 % en las últimas tres décadas; en el año 2000 la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) estimó que la mortalidad por pesca era 2,5 veces superior al nivel máximo compatible con la reproducción adecuada de la población. En 2002, se alcanzó una producción que cubrí­a el 78% de las importaciones japonesas de atún rojo desde el Mediterráneo (14.558 t). En 2003, se introdujeron entre 21.000 y 25.000 toneladas de atún salvaje en jaulas en el Mediterráneo. El fuerte incremento de atún engordado en los últimos años ha provocado la saturación del mercado japonés en 2003, por lo que la gestión actual de esta actividad tampoco se justifica desde un punto de vista estrictamente económico, perjudicando a las pesquerí­as tradicionales de almadraba, palangre o caña.

Esta actividad no es acuicultura (aunque recibe subvenciones para tal fin), puesto que los ejemplares para engorde son capturados de la población salvaje, ya de por sí­ fuertemente sobreexplotada. Según el informe de WWF/Adena, la fuerte demanda de atún por parte de las granjas ha llevado a sobrepasar ampliamente en 2003 la cuota de 32.000 t establecida por la CICCA. Cuota, por otra parte, que ya superaba la recomendación de 26.000 t que los cientí­ficos de la CICAA realizaron. La CICAA ha denunciado que esta actividad está impidiendo la recogida de datos de capturas fiables y, por tanto, el establecimiento de planes de gestión que garanticen la continuidad de la pesquerí­a. Pese a reconocer los problemas denunciados por WWF/Adena, este organismo sigue incumpliendo su cometido de conservar el stock al ceder a la presión de la industria

El informe recoge también numerosos ejemplos de la vertiginosa expansión de esta industria en la cuenca mediterránea provocando la preocupación de muchos cientí­ficos y pescadores. Tal es el caso de Turquí­a, cuya producción (1.400 t) se puede considerar ilegal, al no contar con ninguna cuota asignada por la CICAA en el periodo 2003-2006. O el caso de la llegada de parte de la flota industrial francesa desde el Índico que, a través de un acuerdo charter, ha pescado en aguas de Libia al servicio de las granjas, paí­s que sólo tiene una cuota de 1.286 t.

El nuevo informe de WWF/Adena denuncia también que las subvenciones del Instrumento Financiero para la Orientación de la Pesca (IFOP) han contribuido al espectacular incremento de esta actividad. En los últimos 5 años unos 4.5 M € fueron destinados a las compañí­as de engorde en la Región de Murcia, ascendiendo el total en España a unos 9 M € (6 M € para el incremento de la capacidad acuí­cola y 3 M € para otro tipo de medidas). La flota de cerco de atún de Francia, Italia y España, que trabaja para las granjas, ha sido totalmente renovada en los últimos años con fondos de la UE, incrementando fuertemente su capacidad (en España se ha incrementado entre 2 y 3 veces el tonelaje y potencia de esta flota). En total, no menos de 19-20 M € de fondos públicos han sido destinados al ciclo productivo del engorde de atún.

Al respecto Raúl Garcí­a, responsable de pesquerí­as de WWF/Adena y coautor del informe comentó: " Por una parte, la UE reconoce que no sabe cuánto dinero ha dedicado a esta industria, ha tenido que ser una ONG la que lo investigue, y por otra, sigue manteniendo el vací­o legal que permite que esta práctica insostenible se beneficie de cuantiosas ayudas".

WWF/Adena demanda la inmediata eliminación de ayudas públicas al engorde de atún y, por tanto, el cumplimiento del compromiso de la UE en la nueva Polí­tica Común de Pesca de eliminar los subsidios que promuevan la sobrepesca o actividades ilegales. Más aun si consideramos la reciente incorporación a la UE de Malta o Chipre que también tienen granjas de atún.

Tras varios años de seguimiento, WWF/Adena ha constatado un continuo deterioro en la gestión de la mermada población de atún rojo por lo urgen medidas urgentes para su conservación. Así­, José Luis Garcí­a Varas, director del Programa Marino de WWF/Adena, explicó: "es necesario un seguimiento de las capturas en tiempo real y asegurar la trazabilidad del atún; así­ como establecer una cuota especí­fica para el engorde y una moratoria a nuevas granjas hasta que se resuelvan las lagunas legales que amenazan esta importantí­sima pesquerí­a"

Según Jacinto Insunza, Asesor Jurí­dico de la Cofradí­a de Pescadores, "Lo importante es la defensa de la legalidad, para evitar que puedan ponerse en explotación granjas de atún que no respetan las exigencias reglamentarias (especialmente, la realización del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y los informes de las Administraciones pesqueras competentes), pues lo que interesa es que se proteja el ecosistema en su conjunto".