Sin efecto el acuerdo de Creel y Cerisola para dar cauce y solucionar la situación de las emisoras en el paí­s.

Organizaciones de Derechos Humanos piden urgente intervención de la Presidencia de la República
Como parte de los compromisos que hizo el gobierno federal en marzo de este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington la Secretarí­a de Gobernación estableció una mesa de diálogo con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, para iniciar el proceso de legalización de las radios comunitarias en nuestro paí­s.

Esto de conformidad con un acuerdo polí­tico entre el Secretario de Gobernación (SEGOB) Santiago Creel y el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) Pedro Cerisola el 14 de abril pasado. En ese acuerdo se estableció revisar de caso por caso a fin de facilitar el otorgamiento de permisos para la operación de las radios, como parte de la solución a una demanda social creciente en nuestro paí­s para que los grupos ciudadanos respaldados por un proyecto social operen sus propias frecuencias para ejercer su libertad de expresión a través del soporte técnico de la radiodifusión.

Sin embargo la SCT paso por alto ese proceso de diálogo y en una clara violación al compromiso ante la CIDH, el pasado 28 de mayo la SCT notificó a los representantes legales de La Voladora Radio de Amecameca, Estado de México; Radio Calenda de San Antonino Oaxaca y a Radio Bemba de Hermosillo, Sonora que hicieron la entrega de sus expedientes el 10 de diciembre de 2003, que debido a que están en transmisiones no es posible atender a sus peticiones de permiso. La SCT establece que de no dejar de operar inmediatamente procederá al aseguramiento de las emisoras, incluyendo el bien inmueble donde operan.

Para las organizaciones firmantes resulta preocupante que el acuerdo entre ambos Secretarios de Estado haya quedado sin efecto, pues muestra que al interior del Gobierno Federal no se han establecido las definiciones necesarias para darle un marco de garantí­as al proceso de diálogo, que tanto la Segob como la SCT tienen como responsabilidad ante la CIDH como partes integrantes del Estado Mexicano.

De nueva cuenta la SCT utiliza su amplia capacidad discrecional para amagar a las radios comunitarias y aplicar la normatividad en la materia con un discurso de la legalidad, que deja de lado criterios equitativos y que muestra falta de voluntad polí­tica para solucionar una problemática que ha sido ocasionada por la misma autoridad, pues en reiteradas ocasiones hemos demostrado que si las emisoras no cuentan con la autorización respectiva ha sido por la constante negación de la SCT para emitir los permisos para la existencia de medios comunitarios. En el gobierno del cambio priva el viejo estilo autoritario de la SCT, pues mientras a la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indí­genas le dio una respuesta positiva en tres meses para operar emisoras en Michoacán, a las radios comunitarias que pertenecen a ciudadanos organizados les contesta siete meses después negándose a atender las peticiones y con amenaza de cerrarlas.

Con argucias técnicas también la SCT ha notificado formalmente a Neza Radio ubicada en el Estado de México y Radio Guadalupe de la Ciudad de México, que no es posible otorgarles el permiso en virtud de la saturación del espectro radioeléctrico, de acuerdo a lo que se establece en la Norma Oficial Mexicana que opera con criterios de hace 30 años, pues de acuerdo a los avances tecnológicos la distancia entre frecuencia y frecuencia puede ser menor, tal como se puede verificar en las normas de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y todos los paí­ses latinoamericanos, pues es claro que el Gobierno Federal está limitando la buena administración del espectro radioeléctrico, que pertenece a todos los mexicanos, para hacer un uso polí­tico de una norma técnica y evitar que otros sectores de la sociedad accedan a las frecuencias, violando el artí­culo 13, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de la cual México es parte desde 1982), que establece "No se puede restringir el derecho de expresión por ví­as o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones."

Demandamos el cumplimiento de los acuerdos con la Segob a lo largo de este proceso, en el sentido de establecer garantí­as para que las emisoras no sean clausuradas y se resguarde la seguridad de los proyectos sociales que sustentan a las radios comunitarias, así­ como instituir las condiciones necesarias con la SCT para que las radios accedan a los permisos.

Las organizaciones firmantes de este comunicado pedimos de manera urgente la intervención del Presidente de la República, para que cumpla con los compromisos de su gobierno a la agenda de derechos humanos en materia de libertad de expresión.

Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC-México
Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustí­n Pro
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria OP
Asociación Mexicana de Derecho a la Información