La anterior consideración se basa en los siguientes argumentos de fondo:

Es erróneo presentar la legislación de extranjerí­a como un ariete más en la necesaria lucha contra el terrorismo, ya que existen suficientes instrumentos en el ordenamiento jurí­dico nacional e internacional para perseguir la comisión de este tipo de delitos (lo previsto en el Código Penal, los procedimientos de extradición,etc). No podemos olvidar que la legislación de extranjerí­a es una normativa puramente administrativa, que regula las condiciones de estancia, residencia y trabajo en España; la infracción muy grave prevista en el artí­culo 54 de la Ley de Extranjerí­a no deberí­a aplicarse en los casos en que se sospecha la implicación en actividades terroristas, ya que, ante la gravedad de este tipo de hechos, el marco adecuado para su persecución es el de la jurisdicción penal, cuya normativa de aplicación contempla la expulsión de extranjeros condenados o sometidos a procesos judiciales por delitos graves.

La presentación en los medios de comunicación de estas expulsiones como una medida más para perseguir el terrorismo fundamentalista, contribuye a incrementar el ambiente de criminalización contra una comunidad que, en su inmensa mayorí­a, reside y trabaja pací­ficamente en España. Es responsabilidad del Gobierno generar un clima de convivencia, tolerancia y seguridad, que elimine el sustrato para cualquier incitación al odio racial.

Debemos recordar que la legislación actual en materia de expulsiones a extranjeros, producto de cuatro años de sucesivas modificaciones restrictivas, en especial en lo previsto para el procedimiento de expulsión preferente, carece de las mí­nimas garantí­as y sitúa a la persona sometida al mismo en una situación de total indefensión. El artí­culo 63 de la Ley de Extranjerí­a sólo prevé un exiguo plazo de 48 de horas para alegaciones, que, en caso de no ser formuladas, habilita a la Administración a adoptar directamente la resolución correspondiente.

Con todo, lo más grave de estas expulsiones de
– sospechosos de terrorismo-, son las consecuencias que podrí­an acarrear en los paí­ses a los que son enviados. Es evidente que las autoridades que reciban a estas personas, aunque no tengan procesos penales pendientes (en ese caso, el cauce adecuado serí­a la extradición) les acogerán con recelo o, aún peor, en paí­ses con graves carencias en materia de derechos humanos y democracia, podrí­an ser ví­ctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la tortura.

En este sentido, hacemos un llamamiento al Gobierno para que, en el respeto estricto a los compromisos asumidos por el Estado español y, en especial, del principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra Sobre los Refugiados de 1951, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos inhumanos o Degradantes de 1987, garantice ante la autoridad del paí­s al que han sido expulsados los afectados que los mismos no serán sometidos a tratos inhumanos, crueles o degradantes, incluidas las torturas.