Toda la polí­tica de conservación de la Consejerí­a de Medio Ambiente se planifica desde una idea obsesiva y incompatible de conservar, recuperar y gestionar la flora y la fauna silvestres sin modificar o cambiar pautas y sistemas de aprovechamientos actualmente vigentes en Andalucí­a.

El principal aprovechamiento a la que se somete a la fauna silvestre en Andalucí­a lo representa la actividad cinegética, cuyos intereses, con el apoyo de la Consejerí­a de Medio Ambiente, prevalecen año tras año, sobre el interés social de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con los aprovechamientos verdaderamente compatibles.

Un colectivo social minoritario como es el de los cazadores y titulares de cotos, que intervienen, controlan y gestionan el territorio, impone de manera arbitraria y con la complicidad suicida de la Consejerí­a de Medio Ambiente sus criterios, ya sea en la elaboración de normativa, como en la fijación anual de los periodos de veda y los hábiles para la práctica de la caza, tal como a ocurrido hace unos dí­as en la última reunión del Consejo Andaluz de Caza..

Entre los acuerdos y propuestas asumidas de forma conjunta entre los representantes del mundo cinegético y la Consejerí­a de Medio Ambiente, la más descabellada es sin duda el mantenimiento de la caza sobre el conejo (Orytolagus cuniculus).

El informe elaborado por la Consejerí­a sobre la "Situación del conejo y de la perdiz en Andalucí­a (Periodo 1998/2003)", no deja duda de la situación extraordinariamente precaria que en la actualidad sufre el conejo silvestre.

Tal como refleja la tabla siguiente, la tendencia decreciente en su í­ndice de abundancia es evidente en términos generales en Andalucí­a. Por más que se intente suavizar y dulcificar los resultados del estudio desde la Dirección General de Gestión del Medio Natural, la principal especie clave del ecosistema mediterráneo se precipita en caí­da libre. Los cazadores federados no están dispuestos a sacrificar su deporte o actividad recreativa, ni lo gestores y productores de caza a reducir sus notables ingresos por la venta de jornadas de caza a base de talonario.

Y cerrando el cí­rculo, aparece en el escenario la administración ambiental, la Consejerí­a de Medio Ambiente que no se puede permitir el lujo de manifestaciones y algaradas incitadas desde los colectivos cinegéticos. No habrí­a Consejero/a de Medio Ambiente que aguantara el envite dos semanas. Los cazadores lo saben, y someten a una especie de chantaje a la administración autonómica y por ende a la sociedad andaluza en general.

En este mismo orden de cosas, es lamentable que un año más se vuelva a permitir la caza en numerosas fincas cercadas que de forma sistemáticas gestionan la caza de forma fraudulenta, que vulnera la normativa básica y la especí­fica en materia de conservación, y que dificultan la labor de control y evaluación del personal público en el medio natural (artí­culo 65, apartado 2 de la Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna Silvestres).

Ecologistas en Acción no descarta la interposición de una denuncia ante la Unión Europea contra la Orden General de Vedas propuesta por cazadores y administración, así­ como nuestra posible salida de Programas y proyectos de Conservación Activa en los que participa Ecologistas en Acción, como el Programa life-Naturaleza sobre la Conservación del lince ibérico en Andalucí­a.