Mientras avanza la investigación policial y Salvamento Marí­timo rastrea las aguas del Sur de Canarias donde según han declarado varios tripulantes tuvo lugar el abandono el pasado 23 de mayo, CEAR recuerda que lo extraordinario de este caso es que haya sido denunciado y se siga una investigación policial para determinar responsabilidades penales.

La opacidad que rodea el problema del polizonaje es tal, que ni siquiera cuando se trata de personas que desean solicitar asilo en España, tenemos la posibilidad como organización dedicada especí­ficamente a prestar esa asistencia, de acceder al barco. Es más, en muchos casos no se nos notifica la existencia de estas personas a bordo de los buques que atracan en los puertos españoles.

El polizón, más allá del drama humano que vive, es un "problema" para el capitán del barco y la compañí­a consignataria, que son obligados a custodiarle en el barco y permanecer en el puerto hasta que se resuelva la situación administrativa. Y con la actual legislación de extranjerí­a, además, pueden ser multados con sanciones astronómicas (de hasta 180.000 euros) si el polizón se escapa, en virtud de las sanciones que la citada legislación impone a los transportistas cuando los viajeros no viajan debidamente documentados.

Que dejen de ocurrir tragedias humanas como la muerte recurrente de personas en alta mar o en las bodegas de los buques depende también de que se faciliten mecanismos que permitan tratar el polizonaje como lo que es: un problema humanitario. Y que se faciliten los procedimientos de asistencia legal y humanitaria a los polizones, garantizando su derecho a solicitar asilo, en cumplimiento de la legislación española y los acuerdos internacionales, sin que eso suponga un perjuicio para la tripulación o los armadores de los buques.