La Corte está estudiando la apelación, presentada por un ex jefe de inteligencia, de su condena por la "desaparición" de un activista polí­tico. La Corte también deberá examinar la validez de la interpretación de un decreto de amnistí­a en Chile en 1978, que ha permitido que cientos de ex oficiales militares y policiales hayan sido enjuiciados en los últimos años por "desapariciones" y asesinatos cometidos durante los primeros cinco años de la dictadura de Pinochet.

"Este fallo promete ser una decisión histórica", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Los máximos jueces chilenos deben respaldar plenamente los esfuerzos emprendidos por sus colegas para esclarecer estos terribles crí­menes y pedir cuentas a los responsables".

Uno de los asuntos que tendrá que resolver la Corte es la validez de la doctrina del "crimen permanente", que sostiene que la desaparición forzada es un delito continuo hasta que se recuperen los restos de la ví­ctima o se establezcan las circunstancias de su muerte. En años recientes, los jueces especiales nombrados para investigar los asesinatos y las "desapariciones" bajo el régimen militar han citado reiteradamente esta doctrina para eludir la amnistí­a decretada por el gobierno militar en 1978, la cual impedí­a que los oficiales fueran enjuiciados por abusos contra los derechos humanos. Con esta interpretación se han procesado a cerca de 250 oficiales-y se han logrado 15 condenas-por crí­menes cometidos durante el perí­odo cubierto por la amnistí­a.

La aplicación más conocida de esta doctrina fue el auto de procesamiento por secuestro que emitió el Juez Juan Guzmán contra el General Pinochet en el año 2000. Sin embargo, en julio de 2002 la Corte Suprema archivó el proceso al considerar que Pinochet no estaba mentalmente capacitado para ser sometido a juicio.

El caso que ahora tiene en sus manos la Corte Suprema es una apelación presentada por el ex jefe de inteligencia de Pinochet, General Manuel Contreras, y otros oficiales del ejército, de la condena por la "desaparición" de Miguel Ángel Sandoval, un sastre de 26 años. Los agentes de la policí­a secreta secuestraron a Sandoval en enero de 1975 y lo mantuvieron detenido en secreto en Villa Grimaldi, un campamento oculto de Santiago, donde fue torturado y luego "desaparecido". Sandoval fue uno de los 119 detenidos desaparecidos de quienes se informó falsamente en la prensa que habí­an sido hallados sin vida en Argentina, un ardid tramado por la policí­a secreta para encubrir su ejecución.

Es de esperar que el abogado de Contreras argumente que la doctrina del "crimen permanente" es una ficción legal, y que no existen pruebas que indiquen que la ví­ctima permanece en cautiverio. En diciembre de 2003, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó este argumento cuando desestimó los cargos contra Contreras en un caso diferente. Sin embargo, la mayorí­a de las cortes de apelaciones han sostenido la tesis del "crimen permanente".

La Corte Suprema en pleno, integrada por 21 magistrados, también escuchará a los abogados representantes de la ví­ctima y al Consejo de Defensa del Estado, un organismo legal que representa los intereses del Estado en los procedimientos judiciales. Normalmente, las apelaciones de casos penales se examinan en la sala penal de la Corte, pero en esta ocasión la Corte aceptó una solicitud del abogado defensor de Contreras de que se conozca el caso en sesión plena. Aunque la sentencia solo afecta a las partes de este caso, un fallo del pleno de la Corte Suprema define el futuro de los casos de derechos humanos.

"El enjuiciamiento de estos crí­menes es totalmente compatible con los principios del derecho internacional", señaló Vivanco. "La Corte Suprema debe defender estos principios".

Un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos es que los crí­menes contra la humanidad no están sujetos a prescripción, amnistí­a ni indulto. En 1999, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que el decreto de amnistí­a de Chile "impide que el Estado parte cumpla sus obligaciones"¦ de garantizar la reparación efectiva a cualquier persona cuyos derechos y libertades previstas en el Pacto hayan sido violados". El 19 de mayo de este año, el Comité contra la Tortura de la ONU publicó un informe criticando a Chile por no haber abolido el decreto de amnistí­a. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró en 1996, y una vez más en 1998, que de acuerdo con el derecho internacional el decreto de amnistí­a chileno es incompatible con las obligaciones internacionales de Chile.

La Corte de Apelaciones que condenó al General Contreras basó parcialmente su decisión en el artí­culo 3 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que dispone especí­ficamente que "dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la ví­ctima". Cuando Chile firmó este tratado asumió el compromiso de acatar sus principios.