También están llamados a la huelga los trabajadores y las trabajadoras de la Enseñanza Privada Concertada: y los trabajadores de las universidades públicas madrileñas. Es la primera huelga general en la enseñanza madrileña convocada contra las polí­ticas retrógrada y autista de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Polí­ticas que han roto la tradicional cultura del consenso que habí­a distinguido a la Comunidad de Madrid de otras comunidades.

Los sindicatos convocantes CC.OO., UGT, ANPE y CSI-CSIF exigen una escuela pública de calidad, el freno a la polí­tica educativa privatizadora que distingue al Gobierno de Esperanza Aguirre y el derecho a la negociación colectiva que recoja la homologación retributiva con las comunidades autónomas.

Otras reivindicaciones son la equiparación de los derechos sociales con los empleados públicos de la Comunidad de Madrid: desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; desarrollo de medidas sobre formación del profesorado, licencias y permisos; la actualización de las indemnizaciones por jubilación LOGSE; garantizar una mayor estabilidad laboral del profesorado interino; y retirada del borrador de calendario escolar para el curso 2004-2005.

El segundo lugar, los sindicatos exigen un Acuerdo Educativo para la Comunidad de Madrid. Esto implicarí­a un Plan de Construcciones Escolares Públicas para atender las demandas de escolarización; un Plan de Atención al Alumnado Inmigrante; una nueva normativa de escolarización que garantice un equilibrio entre todos los centros sostenidos con fondos públicos; y un Plan de Compensación educativa que prevea medios y recursos para atender al alumnado en situación de desventaja.

En tercer lugar, los sindicatos convocantes se oponen a los desarrollos legislativos sin negociación previa. En este sentido exigen un consenso educativo básico para el Estado.

Por último CC.OO., UGT ANPE y CSI-CSIF reclaman la paralización de las polí­ticas educativas privatizadoras del gobierno de Esperanza Aguirre. Exigen un presupuesto educativo suficiente; la paralización de la cesión de suelo público para facilitar la implantación de centros privados.

Asimismo, se muestran en contra del incremento de las 686 unidades concertadas previstas en el presupuesto, y del "cheque escolar" en Educación Infantil 0/3 años, y exigen plazas públicas suficientes. Para los sindicatos del sector es fundamental el control social de todos los centros sostenidos con fondos públicos para que se garantice de forma efectiva la gratuidad de la enseñanza, la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros y la escolarización de alumnado con necesidades de compensación educativa.