El precio de la vivienda en España, tanto en propiedad como en alquiler, ha alcanzado un nivel abusivo para los ciudadanos. El intolerable nivel alcanzado es una barrera en el acceso para muchas personas o, como mal menor limita severamente el consumo y la inversión de muchas otras, pero además se ha convertido en un factor de riesgo para el conjunto de la economí­a. No se puede afirmar que exista una burbuja inmobiliaria pero tampoco se puede rechazar cuando el precio de una vivienda en las grandes ciudades es equivalente a 10 veces el salario anual y ha crecido 42 veces más que el salario neto en el periodo 1995-2003.

Las polí­ticas públicas aplicadas no han impedido la escalada de precios y existen motivos razonables para pensar que han sido utilizadas por terceros para incrementar los precios finales. Los efectos de las polí­ticas concentradas en la compra (ayuda a la piedra) y articuladas como deducciones en el IRPF, no han sido positivos. Es por tanto imprescindible, cambiar este modelo. Por ello CC.OO. propone una polí­tica pública de vivienda que sea la suma de múltiples actuaciones que afecten al suelo, la construcción, la propiedad y el alquiler, que con carácter prioritario deberí­a concentrarse en:

"¢ Incentivar la polí­ticas dirigidas el alquiler como opción factible de acceso a la vivienda, como mí­nimo igualándolas a las destinadas a la propiedad. Una polí­tica con un volumen suficiente de apoyo al alquiler permitirí­a aumentar la oferta disponible de viviendas presionando a la baja el precio.

"¢ Utilizar polí­ticas públicas directas abandonando el IRPF como instrumento de aplicación. El uso de subvenciones o ayudas directas originadas como derecho del inquilino pero percibidas directamente por el arrendador, ampliarí­a el universo de afectados (hay muchos trabajadores que no tienen ninguna retención en el IRPF), aumentarí­a la confianza de los propietarios al ampliar el segmento de demanda solvente, permitiendo en paralelo un control más efectivo del gasto público y de un mercado muy poco transparente con fuerte tendencia a la opacidad.

CC.OO. sostiene que el IRPF y, en general todos los impuestos, deben utilizarse como herramientas de recaudación, no como fórmula para poner en práctica polí­ticas especí­ficas de gasto.

Por último CC.OO. insiste en que la mejora en el acceso a la vivienda conseguida con una disminución real en los precios debe ser un objetivo prioritario, para lo cual se debe pasar en el menor tiempo posible de las declaraciones a las decisiones. El anuncio de crear una Agencia Estatal para el desarrollo del Alquiler es una buena noticia, pero para conseguir resultados debe estar acompañada de una colaboración efectiva de las tres Administraciones (General del Estado, Autonómica y Local) y de los recursos financieros suficientes. En esta lí­nea, el presupuesto del estado dirigido a ayudas directas debe alcanzar los 1.500 millones en 2005 (en 2004 son 600 millones), con un aumento del esfuerzo similar en el resto de las administraciones.