La Unión Europea, por medio de los comisarios de Comercio y Agricultura, Pascal Lamy y Franz Fischler, ya ha anunciado su compromiso de eliminar los subsidios a la exportación, siempre que el resto de los paí­ses industrializados hagan lo mismo. Por esa razón, Intermón Oxfam le pide al presidente del Gobierno español, José Luis Rodrí­guez Zapatero, que juegue un papel determinante para que la promesa se haga realidad lo antes posible, sin esperar a que otros tomen esa decisión.

La Cumbre Unión Europea-Latinoamérica, que se celebra a partir de mañana en la ciudad mexicana de Guadalajara, es un momento oportuno para que el presidente español muestre una posición firme y asuma el liderazgo polí­tico para llevar a cabo una reforma de la Polí­tica Agraria Común (PAC). Esta reforma debe apoyar a las pequeñas explotaciones familiares, favorecer la creación de empleo y asegurar una producción ecológicamente sostenible, lo que permitirá mantener el sector agrí­cola europeo sin que esto le repercuta negativamente a los campesinos de los paí­ses del Sur.

Hasta el momento, la UE está manteniendo un doble rasero en sus negociaciones comerciales con los paí­ses más pobres. En lugar de fomentar el desarrollo de los más desfavorecidos, está presionando en las negociaciones para abrir los mercados y, por detrás, mantiene los subsidios agrí­colas para sus propios productores.

Para que sirva de ejemplo, mientras el conjunto de la Ayuda Oficial al Desarrollo de los paí­ses de la Unión Europea llegaba a los 36.825 millones de dólares en 2003 (alrededor de 30.000 millones de euros), los subsidios a sus agricultores rondaban los 50.000 millones de euros.

Durante la Cumbre de Guadalajara, Rodrí­guez Zapatero deberí­a apostar por unos acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Latinoamérica que no estén diseñados a favor de las grandes corporaciones, entre ellas las agroindustriales, sino que estén orientados para que las zonas más desfavorecidas de Latinoamérica puedan fomentar su desarrollo.

Medidas sociales

En los últimos años, la inversión de un gran número de empresas españolas en Latinoamérica ha aumentado el protagonismo de nuestro paí­s en el continente, hasta el punto de que España se ha convertido en el segundo mayor inversor, después de Estados Unidos, en el sector energético, financiero y de las telecomunicaciones.

Sin embargo, ese crecimiento no siempre ha tenido en cuenta el impacto social y medioambiental de las actividades industriales de las multinacionales. Ante esta realidad el Gobierno de Rodrí­guez Zapatero deberí­a apostar por una regulación de esas inversiones para asegurar que éstas están contribuyendo al desarrollo de la región.

En ese sentido, España debe defender en el seno de la Unión Europea que la liberalización de los mercados no se puede aplicar a los sectores esenciales para la estabilidad de un paí­s, como gran parte de los servicios públicos o el conjunto de los servicios sociales.