El delito consiste en la construcción en terreno rústico calificado de protección especial, espacio protegido y hábitat de gran valor de diversas especies protegidas, de vallados y chalets, sin contar con ningún tipo de autorización.

Actualmente, según lo que han podido saber, hay 45 imputados en la causa, buena parte de los cuales ya han prestado declaración, entre los mismos es destacable la presencia de un agente forestal de la zona, cuyo delito tiene especial gravedad, y de una importante empresa constructora de Cáceres.

Para esta Asociación los hechos son de extrema gravedad por los valores naturales afectados, de lo cual ya se presentó un informe en su momento, y se lamentan que este tipo de hechos se vengan repitiendo a lo largo y ancho de la región, sin que hasta el momento las autoridades y la justicia estén tomando, según ellos, medidas suficientes para acabar con estas ilegalidades. De hecho denuncian que todaví­a se puede apreciar actividad en la zona especialmente los fines de semana, lo que consideran una auténtica vergí¼enza y burla a las instituciones y a los ciudadanos que respetan la ley.

La urbanización ilegal en terreno rústico, denuncian, constituye un grave atentado al medio ambiente afectando, a las especies animales y vegetales que viví­an en el lugar, al paisaje, a las aguas subterráneas que suelen resultar contaminadas por los vertidos directos o a través de fosas sépticas generalmente sin impermeabilizar, y constituyen un claro ejemplo de especulación urbaní­stica. Además, generalmente llegan a suponer un importante coste para las arcas públicas cuando se intenta solventar los problemas, a veces muy graves, que generan.

Por todo ello, han decidido personarse en esta causa a fin de comprobar la marcha del proceso, poder aportar la información de que dispongan y que pueda ir siendo interesante y colaborar con el ministerio fiscal para intentar conseguir una sentencia acorde con el grave deterioro ambiental producido y que, según los ecologistas, deberí­a conllevar la demolición de lo construido ilegalmente y la reposición ambiental del lugar.

Desde Ecologistas en Acción se está preparando, asimismo, la presentación de denuncias en otros puntos de la región con el mismo problema ante la aparente falta de eficacia de las administraciones y la justicia.

Piden la colaboración de los ciudadanos denunciando ante las autoridades las posibles infracciones urbaní­sticas que conozcan, e informándose de la calificación urbaní­stica, los valores ambientales que pueden perjudicar con su construcción y respetando en todo momento la legislación vigente cuando pretendan edificar.