Ante el informe que el Ministerio de Administraciones Públicas presentó el pasado Consejo de Ministros recomendando al Ministerio de Medio Ambiente que ceda a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en gestión de parques nacionales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena consideran que esta cesión supondrí­a una grave disminución de las actuales garantí­as de conservación que tiene la figura de Parque Nacional, ya que es precisamente la participación en la gestión de la administración central la que en muchos casos ha impedido que actuaciones altamente impactantes propuestas por las administraciones autonómicas y locales se hayan efectuado.

La biodiversidad que albergan los parques nacionales es patrimonio de todos los ciudadanos por igual con independencia de su situación geográfica y por ello su conservación debe estar salvaguardada de intereses polí­ticos o particulares. Para estas organizaciones es el Estado, con la participación de las comunidades autónomas, quien tiene la obligación de ser garante de, al menos, una muestra representativa de la biodiversidad española, algo que resulta acuciante dada la actual falta de medios y de coherencia global en la polí­tica de conservación.

La cogestión de los parques nacionales mediante la participación del MIMAM y las comunidades autónomas permite mitigar las presiones sobre los parques de determinados sectores ligados al territorio, siendo el papel del Ministerio de Medio Ambiente la defensa y garantí­a de la visión global de la Red de Parques Nacionales.

Con el actual proceso de descentralización de las competencias en materia de gestión de espacios naturales protegidos a los entes locales (Comarcas, Consells, Cabildos,..) que están llevando a cabo y que ya han culminado algunas comunidades autónomas podrí­a desembocar en que los Parques Nacionales terminaran siendo gestionados por poderes locales, destruyendo la unidad de criterio y la coherencia en la gestión que hasta ahora ha caracterizado a la Red de Parques Nacionales.

Un claro ejemplo de las consecuencias que podrí­a tener esta medida, es lo ocurrido en 1988 cuando el Parque Nacional de Aigí¼estortes i Estany de Sant-Maurici pasó a depender en exclusiva de la Generalitat de Cataluña, la cual aprovecho dos años después para modificar los lí­mites de dicho Parque Nacional excluyendo unas 2.000 hectáreas de alto valor ecológico para la construcción de una estación de esquí­ y por intereses urbaní­sticos.

Es destacable que pese a la nefasta gestión ambiental desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente en las dos últimas legislaturas, las organizaciones ecologistas consideren que ha sido precisamente en parques nacionales donde más se ha avanzado, destacando especialmente la elaboración por parte de este Ministerio del Plan Director de Parques Nacionales.

El actual modelo de gestión compartida tiene un grado elevado de aceptación por la mayorí­a de las Comunidades Autónomas, de los grupos polí­ticos, y del los agentes sociales y aunque siempre mejorable, responde a una visión global e integradora de todos los agentes implicados.

Durante los últimos 25 años en España se ha organizado la que es seguramente la mejor Red de Parques Nacionales de Europa, y el modelo español de gestión compartida es una punta de lanza para una nueva forma de entender la gestión de los espacios protegidos basado en la participación y la co-responsabilidad. No tiene sentido abandonar este camino para ir a un modelo de exclusividad que no sólo no conserva mejor sino que es menos abierto, menos participativo, más opaco y más sensible a las presiones de los agentes locales.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas manifiestan su total apoyo al actual sistema de cogestión de los parques nacionales, con la participación de las administraciones estatal y autonómicas, y reforzando el papel de los Patronatos, único órgano de participación en cada parque de los agentes sociales.