El anuncio de un plan de defensa de la Nación, que implica un crecimiento de las tropas ordinarias, la ampliación del número de reservistas y la creación de milicias populares bajo el mando de la Fuerza Armada, se produce una semana después de que cuerpos de seguridad detuvieron a más de una cincuentena de paramilitares colombianos en las adyacencias de la capital venezolana, Caracas, en un hecho sin precedentes al que han sido vinculados grupos opositores de extrema derecha y por el que el gobierno ha expresado sospechas contra sectores de poder en Estados Unidos y Colombia, paí­ses cuyas autoridades polí­ticas mantienen un estrecho cerco de presiones contra el presidente Chávez.

Hasta el final de la semana pasada se habí­a apresado a un total de 114 paramilitares, así­ como tres oficiales activos de la Guardia Nacional, mientras se habí­an librado boletas de captura contra otros tres altos oficiales retirados, quienes habí­an participado en el golpe de estado de 2002.

La incorporación activa de la población en las operaciones de defensa es el paso más decisivo del gobierno en la aplicación concreta del novel principio constitucional, establecido en el tí­tulo VII de la Carta Magna, que prevé que -la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así­ como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos, sobre la base de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, polí­tico, cultural, geográfico, ambiental y militar-.

Tal concepción amplí­a la doctrina de seguridad nacional en la que se habí­a basado la Fuerza Armada y que reservaba dichas tareas exclusivamente a los componentes militares. Desde su aprobación dentro del texto constitucional, la aplicación de este principio ha sido debatido en el seno del sector militar, algunos de cuyos oficiales, como el comandante del Ejército, Raúl Baduell, incluso han expuesto públicamente sus reflexiones sobre el tema.

El Ejecutivo inició así­ su preparación ante un eventual escenario de intervención extranjera, cuyo primer paso concreto, según el análisis gubernamental, habrí­a sido el desplazamiento paramilitar hasta la capital, sede del poder polí­tico venezolano, tal como lo afirmó el vicepresidente ejecutivo de la República, José Vicente Rangel, y de acuerdo con los indicios fundados en una investigación de la fiscalí­a colombiana relacionada con los ví­nculos que una funcionaria de ese organismo, en Cúcuta, mantení­a con movimientos paramilitares y según la cual cuadros medios de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desarrollaban un operativo de reclutamiento, adiestramiento y traslado de fuerzas irregulares hacia territorio venezolano. Hace un mes, el senador de ese paí­s, Gustavo Petro, habí­a advertido, en Caracas, sobre esta presencia y sobre el posicionamiento militar del gobierno colombiano en la frontera con Venezuela.

Aún cuando no ha habido definición pública de cómo se incorporarán los civiles a estas tareas, el Plan coincide con propuestas hechas, hace dos meses, por las armadas Fuerzas Bolivariana de Liberación (FBL), las cuales en un comunicado público propusieron la creación de milicias populares en coordinación con las Fuerzas Armadas.

La presencia paramilitar en la capital no es el único conflicto que ha enfrentado el gobierno venezolano. El proceso de cambios, identificado por sus lí­deres como una revolución bolivariana y que el último domingo, dí­a 16, Chávez calificó como antiimperialista, ya vivió un golpe de Estado en abril de 2002 y un paro petrolero de dos meses, durante el cual instalaciones de PDVSA fueron objeto de actos de sabotaje. A finales de febrero de este año, una manifestación opositora degeneró en disturbios violentos durante cuatro dí­as, en los cuales se denunció la incursión nocturna de grupos irregulares no identificados.

En los dos últimos años, 87 dirigentes campesinos, comprometidos en la ejecución de la Ley de Tierras, y cerca de 50 polí­ticos, todos seguidores del chavismo con actividades en zonas fronterizas, han sido asesinados a manos de grupos paramilitares, de acuerdo con las denuncias de sus organizaciones.

– Los paramilitares han estado en las zonas fronterizas de Venezuela desde hace décadas. En gobiernos anteriores actuaban al amparo de las autoridades y en complicidad con terrófagos. Pero sus actividades han crecido en estos años. El mes pasado, en una semana, nos mataron cuatro dirigentes-, explicó el dirigente Braulio Álvarez, directivo de la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora, una de las alianzas en las que se estructura el movimiento campesino para la entrega y desarrollo de tierras, prevista en la Ley, por la que se han distribuido 2 millones de hectáreas a 120.000 familias y cooperativas.

Según Álvarez, seis regiones del paí­s, entre ellas tres fronterizas, se encuentran en conflicto por la actuación de estos grupos irregulares.

La situación del campesinado ya habí­a sido expresada al Consejo Nacional de Defensa por la Coordinadora, que propuso la creación de cooperativas de vigilancia para garantizar el resguardo de los cultivos y la integridad fí­sica de quienes están participando en siembras colectivas. -No queremos ser policí­as o delatores. Sólo queremos asumir la responsabilidad que nos corresponde según la Constitución-.

La creación de las milicias populares activó el alerta en la opositora Coordinadora Democrática, la totalidad de cuyos voceros aseguraron el lunes, dí­a 17, que el objetivo es armar a seguidores del chavismo para perseguir a los adversarios del gobierno e imponer un régimen dictatorial. Una posición que contrarí­a las iniciativas que actualmente analizan los grupos de base que apoyan al presidente Chávez.

– Nuestro trabajo es claro frente a las pretensiones del imperialismo y del paramilitarismo. Las organizaciones populares hacemos trabajo social y de vigilancia revolucionaria, de contralorí­a social, con preparación no militar-, aseguró Pedro Infante, miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares (Conaop), que agrupa a más de 3.000 movimientos de base en todo el paí­s.

Con la mayorí­a de sus organizaciones filiales en centros urbanos, Conaop inició, recientemente, un plan de voluntariado con la misión de salud Barrio Adentro, programa gubernamental conformado, por ahora, por médicos cubanos y dirigido a la atención médica inmediata y preventiva en las zonas más deprimidas económicamente. Esta misión ha trabajado estrechamente con organizaciones comunales, muchas de las cuales están agrupadas en la Conaop.

– Desde allí­ estamos promoviendo una estructura, que junto a la nuestra sirva para la recopilación de información-, explicó Infante al afirmar que tal labor estará enmarcada en la unidad cí­vico militar. -En caso de una contingencia, podremos proveer información como, por ejemplo, el número de reservistas que hay en cada barrio, lo cual servirí­a para ponerlos a la orden de los comandantes de la Fuerza Armada, así­ como también activar una estructura paramédica-.

La Coordinadora Agraria y la Conaop coincidieron en destacar la importancia de reactivar la preparación premilitar, decretada a principios de este gobierno como una materia obligatoria en la educación media y de escasa práctica en las mayorí­as de las instituciones públicas y privadas..

En tal caso, el anuncio del plan de Defensa de la Nación ya abrió un amplio debate en los sectores progobierno que discuten las formas de incorporación de la sociedad civil en esta tarea.

Taynem Hernández es corresponsal de Adital en Venezuela.