Ante una Ley de extranjerí­a que impide la normalización administrativa, laboral y social de cientos de miles de inmigrantes que residen en el Estado Español y los condena a vivir en la irregularidad, las personas y organizaciones abajo firmantes solicitamos que se abra un proceso inmediato de regularización que permita la obtención del permiso de residencia y trabajo a todas estas personas.

Al mismo tiempo, y en el convencimiento de que la ciudadaní­a no puede convertirse en un factor de exclusión de los derechos humanos sociales, civiles y polí­ticos, pedimos que se considere ciudadano europeo, además del nacional de un estado miembro, a toda persona residente en el ámbito de la Unión. Lo que, haciendo uso del derecho de iniciativa, pedimos que se incorpore a la Constitución Europea.

Creemos por ello que es imprescindible la reconsideración global de la actual ley de Extranjerí­a y de la polí­tica de extranjerí­a en su conjunto diseñada hasta el momento por el PP. Imprescindible para avanzar en el respecto de los derechos humanos, en la inclusión y en la convivencia. Imprescindible también para abordar con sentido común y de forma democrática el fenómeno migratorio que forma parte ya de la realidad de nuestras sociedades.

Hacemos estas peticiones desde la convicción racional y ética de la universalidad de los derechos humanos, la igualdad de derechos de todas las personas independientemente de su origen nacional y el firme convencimiento de que una sociedad que discrimina se degrada y envilece a si misma y propicia los conflictos sociales.