Principalmente cuando se sabe que los recursos públicos destinados al combate y atención a las ví­ctimas de ese crimen en el paí­s están muy por debajo de lo necesario.

Las estadí­sticas sobre la violencia sexual contra niños y adolescentes en Brasil aún no son exactas, pero se sabe que el problema es grave y no hay dinero suficiente para, por lo menos, intentar combatirla. El Instituto de Estudios Socio-económico (Inesc) denuncia que el tema, que sólo a partir del último Plano Plurianual (PPA 2000/2003) del gobierno federal fue transformado en polí­tica nacional e incluido en el presupuesto federal, aún tiene como gran obstáculo la escasez de recursos. A pesar que el nuevo PPA (2004/2007) haya elevado la previsión presupuestaria, los valores propuestos todaví­a están muy lejanos de atender la demanda existente.

El estudio muestra que de los R$ 40 millones destinados en el PPA 2000-2003 para el combate a la explotación sexual infanto-juvenil, R$ 28,8 millones fueron dirigidos solamente para la atención en jornada escolar ampliada. Es decir, 0,009% del presupuesto total previsto para el entonces Ministerio de Previdencia y Asistencia Social. En fin, según el Inesc, hay una falta de alcance y un aspecto poco preventivo de la polí­tica de combate a la explotación sexual. El dinero reservado para eso se muestra escaso como para alcanzar las metas establecidas por el Plan Nacional de Enfrentamiento de la Violencia Sexual Infanto-Juvenil, en 2000. De los seis ejes básicos presentados por el Plan, apenas tres son parcialmente contemplados por las acciones propuestas en el PPA: el análisis de la situación (red de informaciones); la movilización y articulación (campaña educativa); y la atención. Fueron dejados de lado los ejes de prevención, defensa y responsabilidad y protagonismo juvenil.

Las metas fí­sicas previstas en el PPA 2000/2003 fueron superadas. La expectativa inicial era atender 17 mil niños y adolescentes y, del 2000 al 2002, fueron más de 34 mil casos registrados. Además, los recursos gastos destinados al combate a la explotación sexual de niños y adolescentes redujo del 2001 para 2002, de R$ 7,1 millones para R$ 6,3 millones. En 2003, ese montante no pasó de la barrera de los R$ 8 millones. Una conquista destacada es que, en el PPA 2004-2007, el dinero destinado para ese fin fue triplicado llegando a R$ 136 millones.

La conclusión del estudio es que la previsión presupuestaria no garantiza las condiciones mí­nimas para contemplar los principales puntos crí­ticos diagnosticados en el paí­s y explicitados en el mapa de la violencia sexual: la violencia sexual doméstica; la explotación sexual comercial practicada en prostí­bulos; la violencia sexual contra niños y adolescentes de la calle; el turismo sexual; la pornografí­a tradicional y en Internet; el tráfico en la frontera y por redes de narcotráfico.

Aún así­, según el Inesc, -el desafí­o continúa bien mayor que la capacidad de enfrentamiento y un gran obstáculo es la escasez de recursos. Es difí­cil dimensionar la inversión necesaria para garantizar una actuación eficaz en el ámbito nacional, visto que no se consigue ni siquiera cuantificar el problema del abuso y de la explotación sexual contra niños y adolescentes-. En la evaluación de la entidad, la integración de las acciones y el fortalecimiento de una amplia articulación, involucrando a órganos públicos, sociedad civil y organismos internacionales, ciertamente contribuirá para optimizar los recursos, entre otros aspectos.

Los casos registrados muestran que los abusos sexuales son, en su mayorí­a, cometidos por parientes o personas conocidas, y cuentan con la omisión de las familias, de la sociedad y del poder público para perpetuarse, lo que acaba constituyendo más un tipo de violación contra el infante ví­ctima. A cada hora, en Brasil, siete niños o adolescentes sufren abuso sexual, según estadí­stica de la Asociación Brasilera Multiprofesional de Protección a la Infancia y Adolescencia (Abrapia).

Las pocas estadí­sticas existentes en Brasil muestran que las niñas son las mayores ví­ctimas. Cuanto peores las condiciones de vida, mayor el riesgo social del niño, inclusive de ser explotado sexualmente. Entre las niñas, las negras y carentes son las más afectadas. El crimen organizado ha usado las nuevas tecnologí­as para expandirse, actuando en las regiones de frontera, prostituyendo niñas/os, y valiéndose de Internet para lucrar con la pornografí­a infantil. Apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el estudio, que puede ser accedido en el sitio: www.inesc.org.br, analiza también los presupuestos federales del 2001 al 2003.

La dimensión del problema de la explotación sexual de niñas/os y adolescentes en Brasil puede ser comprobada en las carreteras. Eso mismo, las principales rutas del paí­s concentran la práctica de explotación sexual. Los datos constan en la primera fase del informe Explotación Sexual de Niños y Adolescentes en Brasil, realizado por Junie Penna, inspector de la Policí­a Federal.

Fue hecho un mapeo, en cada región brasilera, de las denuncias policiales envolviendo esas edades en las principales carreteras entre enero y abril del 2004. La conclusión: las carreteras son utilizadas de dos formas por los criminales: en puntos donde las niñas/os son ofrecidos a los viajantes y como ruta de tráfico para otras regiones del paí­s y para el exterior con fines de explotación sexual.

En nada menos que 30 carreteras que pasan por 25 capitales del paí­s fue constatada la práctica de explotación. Sólo para tener una idea de la gravedad de la situación, de enero a marzo del 2004, 33,4% de todas las denuncias envolviendo a niños/as y adolescentes registradas por la Policí­a tení­an alguna connotación sexual.

Según Informaciones de la Agencia de Noticias de los Derechos de la Infancia (Andi), el Dí­a Nacional de Combate al Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes será marcado por una movilización en todo el Paí­s, coordinada por el Comité Nacional de Enfrentamiento a la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes y por los comités estaduales. En Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmará, junto a los gobernadores, un pacto por el combate a la violencia sexual, con la presencia de representantes de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación que investiga ese tipo de crí­menes.

El dí­a 18 de mayo, también será firmado un acuerdo con el sector de transportes por medio de la CNT (Confederación Nacional de Transportes), que pretende movilizar cerca de 500 camioneros de todos los estados brasileros para un encuentro a ser realizado en Brasí­lia. En la ocasión será entregado al presidente Lula un manifiesto, firmado por 30 mil chóferes, en el cual asumen el compromiso de auxiliar al gobierno y a la sociedad en el combate a la explotación sexual infanto-juvenil. Las 50 unidades de la CNT también organizarán actos públicos en los estados, con la presencia de autoridades locales.

Denuncias de casos de explotación sexual de niños/as y adolescentes pueden ser realizadas por el Sistema Nacional de Combate a la Explotación Sexual de Niños/as y Adolescentes en el teléfono 0800-990500.

Benedito Teixeira es editor adjunto de Adital.