La carta enviada por los obispos a los colegios publicos y la califica de inconstitucional.

La PLATAFORMA CIUDADANA POR UNA SOCIEDAD LAICA denuncia los intentos de algunos profesores de Religión católica de incluir dicha carta episcopal en la información oficial que los Directores de los centros de Primaria y de Secundaria ofrecen a sus alumnos por estas fechas para la preinscripción y matriculación del curso 2004-2005.

Estos hechos revisten cierta gravedad -según la PLATAFORMA CIUDADANA POR UNA SOCIEDAD LAICA- por cuanto algunas autoridades educativas en determinadas Comunidades Autónomas han tenido que intervenir para prohibir la difusión de esa carta en los centros públicos, al considerar que constituye una interferencia abusiva e ilegal que vulnera el artí­culo 16 de la Constitución española.

Por otro lado, respetamos el derecho de todos a la libertad religiosa, reconocido en nuestra Constitución (1978) y en la Ley de Libertad religiosa (1980), aunque denunciamos su radical insuficiencia ya que no recoge con nitidez el principio de la libertad de conciencia como derecho inalienable de toda persona y como fundamento filosófico y jurí­dico de la libertad religiosa.

Consideramos que la campaña emprendida por la jerarquí­a de la Iglesia a favor de su clase de religión católica en el seno de la educación pública es legal, aunque seguimos denunciando el actual status de dicha materia en el ordenamiento jurí­dico vigente, ya que se basa en unos Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español que contienen elementos de inconstitucionalidad. Por ello exigimos nuevamente su revisión y denuncia.

Por último. La PLATAFORMA CIUDADANA POR UNA SOCIEDAD LAICA manifiesta su decisión de seguir impulsando la elaboración y aprobación de un Estatuto de Laicidad para nuestro paí­s, en el que se recojan los principios filosóficos y jurí­dicos de la laicidad, como son el respeto a la libertad de conciencia de todos los ciudadanos y la neutralidad del Estado en materia de religión tanto en la actuación de las autoridades civiles como en el funcionamiento de las instituciones públicas (ayuntamientos, escuelas, universidades, hospitales, juzgados, cuarteles, cárceles etc.).