Este mes se llevó a cabo en Bogotá, capital del paí­s, el Foro -Corresponsabilidad del Sector Privado en la Lucha contra la Corrupción-, donde empresarios y las cámaras de comercio del paí­s se reunieron con el propósito de debatir el problema, analizar estadí­sticas, identificar las practicas más constantes e intentar promover su erradicación.

Hace cinco años nació Probidad, el primer programa de lucha contra este problema, desde el sector privado y en este encuentro los participantes tuvieron acceso a algunos de los muchos documentos antecedentes de la investigación sobre corrupción. Tal programa es desarrollado por una alianza entre la Confederación Colombiana de las Cámaras de Comercio (Confecamaras), la Fundación Corona y el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial. La encuesta realizada por Probidad es una de las más importantes herramientas del programa, ya que constituye la más completa y ambiciosa indagación realizada en Latino América desde este sector.

Esta corrupción identificada viene principalmente de los contratos estatales que según 50% de los empresarios, carecen de transparencia - 53,7% dicen que los procesos de contratación de las entidades públicas del gobierno nacional son poco transparentes y moderadamente confiables. La mayorí­a de los empresarios cree que en los gobiernos departamental y municipal las prácticas de corrupción se mantuvieron. 34,5% de ellos no tienen confianza en las entidades públicas nacionales. Son frecuentemente presionados a hacer pagos extraoficiales a funcionarios públicos. Ellos además defienden la reforma de la Ley 80 del año 93. La encuesta también identificó las prácticas abiertamente reconocidas como corruptas y las más frecuentes son: Fraccionamiento de contrato y favorecer el monopolio de contratistas.

La pregunta más constante en el medio empresarial es: ¿Dónde se origina la corrupción? ¿En la demanda del funcionario público o con la oferta del sector privado? O sea, ¿quién soborna más? El empresario privado para conseguir algún trámite rápido en el sector público, o el funcionario público que exige del empresario este soborno para hacer el trabajo? En la encuesta queda claro que ésa es una práctica constante de ambos lados. 60% de los empresarios admitieron usar esta práctica, pero afirman que ni siempre consiguen sus objetivos.

También fue detectado que los mecanismos de control y autoridades judiciales casi siempre por algún motivo no sancionan estos hechos de corrupción. En el estudio Probidad llama la atención de estas autoridades para que empiecen a sancionar y a divulgar estos hechos para propiciar un mayor número de denuncias por parte de la ciudadaní­a.

Reforma de la Ley 80

Según el observatorio a la reforma del estatuto de contratación pública, la contratación estatal es el principal instrumento de ejecución del gasto público, que actualmente representa el 16% del PIB (Producto Interno Bruto), siendo comparable con las actividades económicas más importantes del paí­s. -La propuesta de modificación del régimen de contratación estatal surge dentro del marco de la reforma del Estado para crear las bases de una polí­tica pública coherente en esta materia, que busca la eficiencia en la administración del recurso público y alejarlo de prácticas corruptas. Según una encuesta reciente del Banco Mundial, el valor promedio del soborno en un contrato público es del 19% del valor del mismo; esto hace evidente que la corrupción y los altos sobrecostos afectan la transparencia y la credibilidad en los procesos y la eficiencia en el gasto público-, subraya el observatorio.