Las recientes denuncias de abusos cometidos contra un agente de policí­a afgano en agosto de 2003 por soldados estadounidenses ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una investigación transparente y rigurosa sobre los informes de violaciones de derechos humanos.

La organización pide a los gobiernos de Estados Unidos y Afganistán que investiguen todas las muertes de detenidos, incluidas las de dos afganos bajo custodia estadounidense en diciembre de 2002, y que hagan públicos los resultados. Ambos gobiernos deben garantizar que todos los agentes implicados en presuntos casos de tortura y conducta indebida son retirados de su cargo en espera del resultado de las investigaciones. Esta media ha de aplicarse a los autores de malos tratos y reclusión en régimen de incomunicación por tiempo prolongado en centros de detención administrados por comandantes regionales, como la prisión de Shiberghan, que dirige el general Dostum en el norte de Afganistán.

Amnistí­a Internacional ha expresado también su preocupación por el hecho de que se haya denegado a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán el permiso para visitar los centros de detención del paí­s gestionados por Estados Unidos.

El ejército estadounidense ha negado reiteradamente el acceso a los organismos independientes de derechos humanos, incluida Amnistí­a Internacional, por lo que lo instamos a concederlo ya.

Asimismo, pedimos al gobierno afgano que preste pleno apoyo a la Comisión Independiente de Derechos Humanos en su solicitud de acceso a los centros de detención.

Amnistí­a Internacional insta a los gobiernos de Estados Unidos y Afganistán a:
* Inciar investigaciones sobre las denuncias de abusos en Bagram, Kandahar, Gardez, Shiberghan y cualquier otro centro de detención de Afganistán.
Esta media ha de aplicarse también a los centros controlados por Estados Unidos y Afganistán. Las autoridades competentes deben también hacer público el número de detenidos de cada centro y proceder de inmediato a su clasificación.

* Retirar de su cargo a todo el personal que pueda estar implicado en violaciones de derechos humanos en espera del resultado de las investigaciones y de los procedimientos penales o disciplinarios que se entablen.
* Poner fin a la práctica de la reclusión en régimen de incomunicación y conceder a los detenidos acceso inmediato a sus familiares y abogados.

* Garantizar que el Comité Internacional de la Cruz Roja y las organizaciones independientes de derechos humanos, incluidas la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y Amnistí­a Internacional, tienen acceso periódico a todos los centros de detención.
* Garantizar que todas las ví­ctimas de tortura o trato inhumano reciben reparación plena, que incluya indemnización, como dispone el derecho internacional.

Información general

Amnistí­a Internacional ha recibido continuos informes de torturas y abusos infligidos a detenidos en bases militares estadounidenses de todo Afganistán durante los últimos dos años y medio. Aunque la organización acoge con satisfacción las declaraciones oficiales hechas por las autoridades de Estados Unidos en el sentido de que se están considerando seriamente las denuncias, hasta la fecha continúan violándose principios fundamentales jurí­dicos y de derechos humanos.

Desde los sucesos del 11 de septiembre de 2001, diversas personas que estuvieron detenidas en las bases de las fuerzas aéreas estadounidenses de Bagram y Kandahar, Afganistán, han ofrecido a Amnistí­a Internacional testimonio de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos bajo custodia. En febrero de 2004, una persona que ha estado detenida en Guantánamo contó a Amnistí­a Internacional cómo habí­a sido su reclusión en Bagram y Kandahar en 2002. Su testimonio recuerda el de otras personas que también estuvieron detenidas y que afirman que les colocaban grilletes de manera cruel y excesiva, les impedí­an dormir, les vendaban los ojos y los obligaban reiteradamente a caminar de rodillas desde sus celdas hasta la sala de interrogatorio. A ninguna de estas personas se le ofreció la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención, no se le permitió el acceso a sus familiares y abogados ni fue llevada ante un tribunal.