En marzo de 2002 el Senado constituyó una Comisión especial de estudio de la prostitución. Los trabajos que emprendió fueron paralizados antes de las últimas elecciones generales sin llegar a ninguna conclusión.

El Plan contra la esclavitud sexual que ha puesto en marcha recientemente el Ayuntamiento de Madrid ha empeorado considerablemente la situación del sector de prostitutas más vulnerable (las que captan la clientela en las calles de nuestra ciudad), negándoles derechos humanos tan elementales como el respeto a su dignidad o el derecho a la libre circulación.

Preocupadas ante esta situación, las personas abajo firmantes queremos manifestar ante la ciudadaní­a y los poderes públicos lo siguiente:

Los derechos humanos de las prostitutas, especialmente el derecho a emigrar, a la libertad de movimientos y a establecer sus propios negocios no están siendo reconocidos en la actualidad. Creemos que urge, no sólo que se reconozcan, sino que se pongan los medios necesarios para que se garanticen.

Que se reconozca, como plantea una sentencia dictada en 2001 por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que la prostitución es una actividad económica legí­tima.

Que se reconozca y respete la dignidad de las prostitutas y su capacidad de decidir, sin coacciones, a qué quieren dedicarse y cómo o con quién quieren establecer acuerdos comerciales. Consecuentemente, rechazamos el "hostigamiento" a los clientes que está llevando a cabo la Policí­a Municipal en Madrid, como parte del citado Plan contra la esclavitud sexual, ya que esa medida no sólo no reduce la demanda, sino que favorece los tratos rápidos y clandestinos con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida de las prostitutas.

Que se negocien, teniendo en cuenta la voz de las propias prostitutas, espacios públicos donde puedan ejercer libremente la prostitución, en buenas condiciones de higiene, seguridad y tranquilidad. La calle, como paradigma del espacio público, es de todos y no de alguien en particular. Por lo tanto su uso, si genera conflictos, debe ser consensuado.

Que se persiga de manera fehaciente a las mafias que obligan y fuerzan a mujeres a prostituirse y las explotan en régimen de esclavitud. Que se acabe ya con la hipocresí­a de las pomposas declaraciones públicas de rechazo y anatema de estas prácticas inhumanas, internacionalmente organizadas y se pongan los medios, que los hay, para acabar con ellas, por encima de todo tipo de intereses creados.