Nos tememos que la responsabilidad se pueda tratar de imputar nuevamente, y de forma exclusiva, a un error humano: se considera
– normal- que un elevado número de personas se vean a diario obligadas a atravesar, varias veces, una trampa mortal para ir al trabajo, al colegio o para atender cualquier otra necesidad, del mismo modo que se considera -normal- que todos los dí­as siete trabajadores no regresen a su casa por haber muerto en el trabajo, que familias enteras no lleguen a su lugar de descanso o vacaciones, o que 21 mujeres hayan muerto en lo que va de año a manos de sus compañeros.

Los arrollamientos en Pasos a Nivel no se pueden considerar un elemento aislado en la pérdida de seguridad del ferrocarril; resulta cuando menos chocante que existan zonas en las que se agrupan accidentes de distinto tipo (Albacete "“ Murcia, Tarragona, León, Burgos), al tiempo que cada tipo de accidente se dé en toda la geografí­a ferroviaria.

La polí­tica de transportes del Ministerio de Fomento viene caracterizada, durante años, por un absoluto desinterés hacia todo lo relacionado con la seguridad y por un abandono sistemático del ferrocarril existente, derivando la inmensa mayorí­a de las inversiones hacia nuevas construcciones y compras -de escaparate- sin justificación social alguna.

También las actuaciones de RENFE se están orientando hacia un modelo en el que el interés público sea sustituido por beneficios particulares y la seguridad por criterios puramente mercantilistas.

En este sentido se ha acometido una destrucción sistemática de plantilla "“ en el momento actual, está en marcha un Despido Colectivo que afecta a 1.500 puestos de trabajo - que se traduce en la degradación del servicio y de la seguridad: disminución del personal en los trenes, en las estaciones y en los pasos a nivel, falta de plantilla suficiente para garantizar plenamente un nivel de mantenimiento de los trenes y de la infraestructura suficiente.

La Ley del Sector Ferroviario impuesta por el PP viene a incidir en estos aspectos, además de plantear la segregación de RENFE, separando la infraestructura de la explotación, con graves consecuencias en la seguridad al romperse el sistema integrado que la garantiza, la unidad de criterios y la coordinación de las inversiones.

Esta relación directa entre la aplicación de la Ley del Sector Ferroviario y la pérdida de la seguridad fue destacada, durante el trámite parlamentario, por todos los partidos de la oposición, incluido el PSOE. También es uno de los argumentos que han provocado la protesta de numerosos colectivos sociales y por gran parte de los trabajadores del sector, como reconoce la Nota de Prensa oficial del Consejo de Ministros de hoy, 7 de mayo.

El aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, una medida urgente e imprescindible, no es sin embargo suficiente. Es necesario, en coherencia con los argumentos en los que los partidos polí­ticos han coincidido con numerosas organizaciones sociales, entre las que se encuentra la CGT, que esta Ley sea derogada, abriendo un espacio de diálogo en el que todas las partes implicadas puedan contribuir a determinar los problemas del ferrocarril y buscar soluciones para que siga siendo un medio de transporte público, social y seguro.