La violencia que sufren las mujeres se produce independientemente de la etnia, la clase social, la nacionalidad, la religión, el entorno social, el estado civil o la edad, e indiscutiblemente afecta a su salud mental, ocasionando situaciones de depresión, estrés, ansiedad, distracción, apatí­a, desinterés, etc.

Estas situaciones pueden tener consecuencias en el trabajo. Una trabajadora que esté sufriendo malos tratos puede bajar su rendimiento laboral, dando lugar a absentismo, retraso, bajas laborales, etc.

Por este motivo es necesario que estas trabajadoras encuentren apoyo en sus centros de trabajo, donde juegan un importante papel empresas y representantes sindicales.

La representación sindical se verá implicada en el caso si la bajada de rendimiento laboral ocasiona un conflicto con la empresa.

La violencia de género tiene dos dimensiones: malos tratos y acoso sexual. Por ello, UGT-Madrid plantea las siguientes propuestas:

En materia de malos tratos:

1.Derecho preferente para ocupar puestos de trabajo de igual categorí­a profesional si necesitan cambiar las ví­ctimas de residencia.

2.Permisos de trabajo retribuido a fin de que puedan realizarse las gestiones pertinentes (cambio de residencia, asistencia a juicios, acudir a tratamiento psicológico, etc.)

3.Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y jornadas flexibles durante el perí­odo de tiempo suficiente para que la ví­ctima normalice su situación.

4.Anticipación del perí­odo vacacional.

5.Ayudas económicas para situaciones de emergencia disponibles a través de un fondo monetario.

6.Concesión de préstamos con facilidades de pago.

En materia de acoso sexual:

1.Regulación del acoso sexual como falta muy grave.

2.Definición clara y amplia de las distintas modalidades de acoso sexual (chantaje sexual, piropos indeseados, etc.)

3.Anexión al convenio colectivo el Código de Conducta sobre medidas para combatir el acoso sexual. Declaración del Consejo de 19 de diciembre de 1991 relativa a la aplicación de la Recomendación de la Comisión de 27 de noviembre de 1991 sobre protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo.

4.Establecimiento de la obligación de la dirección de empresa de velar por un adecuado ambiente de trabajo.

5.Regulación de un procedimiento especial de apertura de expediente de investigación, con participación activa de la representación de los trabajadores y trabajadoras (ágil, que garantice confidencialidad y la inmunidad de los testigos).

6.Considerar como accidente laboral el tiempo que la ví­ctima permanezca en tratamiento psicológico.