El proyecto fue aprobado en junio de 2003 y cuenta con un informe en contra de la anterior Consejerí­a de Medio Ambiente donde se describen las parcelas del sector a urbanizar (sector 6-B en el Plan Parcial) que son efectivamente monte preservado. También existe otro informe del técnico municipal que redunda en el mismo hecho. Por otra parte, toda la superficie a construir se encuentra dentro del área de estudio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama (PORN), por lo que, según la ley del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (Orden 2173/2002), su urbanización no estarí­a permitida sin un informe favorable de la Consejerí­a de Urbanismo Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El pasado mes de enero la fiscalí­a de Madrid denunció ante el Juzgado Decano de Colmenar Viejo a la alcaldesa de El Boalo, Carmen Dí­az Carralón y a los concejales populares Joaquí­n Guisado Guisado y Consuelo Esteban del Valle por un presunto delito de prevaricación derivado de la aprobación del proyecto. A la denuncia del Fiscal se suma la del anterior edil de urbanismo, Antonio Baeza Sanz, que en enero de 2003 emitió un informe contrario a la aprobación del proyecto. El caso comenzó a instruirse el pasado dí­a 20 de febrero.

Según Ecologistas en Acción es posible que el suelo protegido ya haya sido afectado por los trabajos de urbanización en las parcelas 3 y 4 del Sector 6-B del planeamiento urbaní­stico de El Boalo. Dichas parcelas, según se desprende del informe elaborado por la Consejerí­a de Medio Ambiente, son montes preservados.

Así­ pues, miembros de la organización ecologista desplegaron una pancarta el pasado dí­a 30 en el pleno del ayuntamiento, para protestar por una situación que consideran vergonzosa.