A este respecto creemos que es bueno recordar sólo algunos datos: de las personas en edad laboral con alguna discapacidad, están en búsqueda activa de empleo un total de 431.841 personas, lo que supone el 32,3% de las personas con discapacidad en edad laboral (1.337.708 entre los 16 y los 64 años). La tasa de paro en personas con discapacidad es del 26,1% (el 22,1% en hombres y el 33,1% en mujeres), más del doble que el de la población sin discapacidad (11,38%).

Esta situación se arrastra año tras año, a pesar de que legalmente existen una serie de medidas legales correctoras, que de aplicarse supondrí­an la casi total integración laboral del colectivo. Estas disposiciones a las que nos referimos son la Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) que obliga a las empresas a contratar un 2% de discapacitados por cada 50 trabajadores contratados y a la recién aprobada cuota de reserva de empleo en la Administración Pública del 5%. Tanto la empresa privada como la Administración incumplen desalentadoramente con estas obligaciones.

La integración laboral del colectivo que representamos es una de las prioridades de la Federación. Durante el año pasado, 201 personas fueron contratadas por 53 empresas madrileñas por intermediación del Servicio de Integración Laboral (SIL) de FAMMA.

Destaca también la labor de orientación a desempleados y selección de personal realizada por este servicio que durante el pasado año atendió a 1.202 personas, de las cuales 984 pasaron a formar parte de la bolsa de empleo de la Federación.

De los datos aportados por el SIL sobresale el hecho de que a la inversa de lo que ocurre en el mercado laboral -normal-, en el de la discapacidad fueron más mujeres que hombres los que encontraron trabajo, 117 frente a 84. La mayorí­a de estas contrataciones se hicieron en empresas ordinarias, 95, y el resto, 74 en Centros Especiales de Empleo, que siguen siendo una fuente importante y fundamental de empleo para personas con especiales dificultades.

FAMMA es una entidad sin ánimo de lucro, agrupa a treinta y nueve asociaciones y representa a 30.000 personas. Al ser la interlocutora de la discapacidad fí­sica ante la Administración y el movimiento asociativo, reivindica y gestiona actuaciones y servicios a favor del colectivo que representa.