Han transcurrido ocho años desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lamentablemente también de incumplimiento -reiteradamente denunciado por la Confederación de STEs-I- y en este tiempo el contexto educativo ha cambiado significativamente. La reunión de la Organización Mundial de Comercio en Qatar en 2001 dio luz verde a la comercialización mundial de la educación, proclamó la necesidad de adaptar la educación a las exigencias del mercado en sus contenidos, prácticas y gestión: necesidad de adecuar la escuela a la economí­a; de introducir de forma masiva las innovaciones tecnológicas al servicio de empresas; de formar competencias especí­ficas para favorecer la adaptabilidad el trabajador/a.

Tales exigencias nos han sumergido en un lenguaje economicista y en la práctica de la selección, especialización, liberalización, comercialización al servicio de las empresas, libre circulación, trabajadores fácilmente desechables y precarización del trabajo.
En esta lí­nea han ido las polí­ticas legislativas que conocemos y sus desarrollos. Leyes como la LOCE, la LOU y la ley de la FP y las cualificaciones transpiran estas ideas.

Modificaciones que inevitablemente se traducen en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, de la calidad de vida y de la salud del profesorado.

Estos últimos años han puesto de manifiesto la imperiosa necesidad que tenemos las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza de que la Ley se cumpla; sin embargo, el gobierno del PP ha puesto de manifiesto una nula voluntad polí­tica de hacerlo. Durante el gobierno Aznar no se ha modificado la lista de enfermedades profesionales que data de 1978 y no se han reconocido enfermedades laborales que tienen una relación evidente con el trabajo, como las enfermedades musculoesqueléticas ,los nódulos de las cuerdas vocales, el estrés o el sí­ndrome del profesor quemado que afectan a un elevadí­simo número de docentes.

En la misma lí­nea las Administraciones Educativas se han caracterizado durante estos años por la ausencia absoluta de cultura preventiva, poniendo trabas de todo tipo a la constitución y funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud, escatimando la formación para las personas que los constituyen, contratando Servicios de Prevención a empresas privadas "“con el consiguiente ánimo de lucro entre sus objetivos-, abusando de los contratos temporales, negando la participación de los trabajadores en la planificación y organización del trabajo, infravalorando la importancia de la evaluación de riesgos en todos los centros de trabajo y no garantizando la adecuada vigilancia de la salud, aspectos todos ellos recogidos como obligaciones del empresario en la Ley de prevención, y por tanto derechos que se están hurtando a las y los trabajadores.

La Confederación de STEs-Intersindical exige la mejora de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de la enseñanza y, por tanto, la mejora su salud laboral mediante el cumplimiento por parte de las Administraciones Educativas y de los empresarios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.