Esta Ley fue aprobada ?con carácter de urgencia? por el PP, en contra de la práctica totalidad de los partidos polí­ticos y a pesar de contar con el rechazo de numerosas organizaciones sociales, ecologistas y sindicales y de las Plataformas en Defensa del Ferrocarril existentes en numerosas provincias. Estas organizaciones han mostrado su rechazo con numerosas movilizaciones, entre las que cabe destacar la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el pasado 25 de octubre en Zaragoza.

Los partidos polí­ticos actuaron contra esta Ley, durante su tramitación parlamentaria, presentando en el Congreso enmiendas a la totalidad con solicitud de retirada del proyecto, y en el Senado mediante Propuestas de Veto.

El PSOE, en concreto, consideró ?temeraria? la implantación del modelo ferroviario que pretende la Ley, y rechazó la segregación de RENFE, ?que va más allá de la legalmente impuesta por las Directivas?, reconociendo que el sistema de empresa integrada es ?mayor garante de la seguridad? y ofrece mayores ventajas en cuanto a servicio y precios, equilibrio de las inversiones, desarrollo con criterios de explotación, estabilidad en el empleo y mantenimiento de las condiciones sociolaborales.

La exigencia de los trabajadores de RENFE de que el gobierno respete su compromiso público contrario a la Ley del Sector Ferroviario, es coherente con las manifestaciones del actual Presidente del Gobierno en su discurso de investidura, en el que recalcó la ?exigencia de respeto a las promesas? como la más apremiante y obligada.

El SFF-CGT se ha dirigido ya dos veces por escrito a José Luis Rodrí­guez Zapatero, el 24 de febrero y el 18 de marzo pasados, reclamándole el mantenimiento de los compromisos de su partido durante al tramitación de la Ley del Sector Ferroviario y recordándole las movilizaciones ciudadanas que han tenido lugar contra esta Ley, algo que deberí­a tener en consideración en relación con su promesa de respetar a los ciudadanos y escuchar sus voces.

El anterior gobierno del Partido Popular, en una actitud totalmente antidemocrática, se negó a reunirse con todos los sindicatos que conforman el Comité General de Empresa de RENFE para tratar del futuro de dicha empresa; queremos confiar en que el actual gobierno cumpla sus promesas de mantener un talante de diálogo plural y no repita las actitudes de sus predecesores.

Si el Ministerio no garantiza la derogación de la Ley del Sector Ferroviario y el mantenimiento de RENFE como empresa integrada, el Comité de Empresa deberá adoptar medidas para hacer valer la reivindicación planteada por los trabajadores y respaldada por sus firmas.