UGT califica los PGE, elaborados por el Gobierno, para el 2002 de insolidarios, restrictivos y ajenos a la realidad económica y sociolaboral de nuestro paí­s. Con motivo del debate de hoy en el Congreso de los Diputados de las enmiendas a la totalidad, UGT recuerda que las Cuentas del Estado se asientan en previsiones económicas erróneas y perjudicarán de nuevo a los trabajadores, en especial a los empleados públicos y los perceptores del SMI, y a los colectivos más débiles, puesto que se pretenden cuadrar las cuentas con los recursos de la Seguridad Social. El sindicato advierte, que una vez más, la prioridad absoluta del Gobierno vuelve a ser el equilibrio presupuestario, aunque ello suponga un mayor deterioro de la actividad económica, del empleo y un mayor déficit social. Frente a esto UGT reclama más gasto en polí­ticas activas de empleo, protección social, infraestructuras e I+D.

Los PGE para el 2002, elaborados por el Gobierno, se basan en un cuadro macroeconómico ficticio. Aunque el Ejecutivo reconoce el ensombrecimiento del panorama económico internacional, europeo y español, no lo refleja en su previsión de crecimiento de la economí­a nacional para el próximo año ya que estima que se situará en el 2,9%, una cifra inverosí­mil que tan sólo obedece a la intención del Gobierno de no corregir su desfasado Programa de Estabilidad.

Tampoco es creí­ble la previsión de inflación (2% para diciembre 2002), no sólo por las tendencias actuales (la inflación subyacente no ha cedido ni un ápice de los máximos alcanzados desde 1996) y los efectos previstos de la puesta en circulación del euro, sino por la falta de coherencia con el deflactor del PIB, que el propio Gobierno estima en un 3% (medio punto por encima del IPC previsto cuya media anual, de conseguir bajar hasta el 2% en diciembre serí­a del 2,5%).

El resultado de esta "mitificación" de cifras son unos Presupuestos que carecen de veracidad y el diseño de una polí­tica económica que no responde a las claras perspectivas de ralentización de la economí­a. Esta actitud del Gobierno de ignorar las tendencias actuales le reafirma en su objetivo de mantener el déficit cero, aunque sea a costa de un mayor deterioro social.

Por contra, si el Gobierno hubiera reconocido la tendencia cierta hacia un enfriamiento (crecimiento muy bajo o nulo) de la economí­a española para el 2002, deberí­a haber considerado una polí­tica económica dirigida a la reactivación y al impulso del crecimiento y unos Presupuestos que contemplaran un mayor crecimiento del gasto público, incluso un cierto nivel de déficit (tal y como está previsto en el Plan de Estabilidad para las etapas de debilidad).

Los PGE tampoco atienden a las principales preocupaciones sociales. En este sentido, UGT critica los presupuestos del INEM para 2002 porque son insolidarios con los parados y el Estado se apropia, indebidamente, de los excedentes de cotizaciones para reducir el déficit público y para financiar las polí­ticas activas de empleo, entre las que se incluyen las bonificaciones a empresas. Por otro lado, el Gobierno no dota a estos presupuestos de recursos suficientes ante un previsible empeoramiento de la coyuntura económica y tampoco servirán para favorecer el empleo.

El Gobierno siempre pide sacrificio a los mismos. Su anuncio reciente de recortar las pensiones, ampliando el cálculo de la base reguladora a toda la vida laboral, es un ejemplo de ello y a UGT no le ha pillado de sorpresa. Fue uno de los motivos por los que no suscribió el Acuerdo de Pensiones, ratificado en abril de este año por el Gobierno, CEOE y CCOO.

Por tanto, los Presupuestos del Ejecutivo no dan respuesta a las necesidades reales de España, ni van a permitir equiparar nuestros niveles de bienestar social con Europa. El diferencial que presenta nuestro paí­s con el conjunto de la UE en cuanto a gasto público total es de 7,3 billones de pesetas en el 2000. En cuanto a protección social en el 2001 este diferencial ascenderí­a a unos 8 billones de pesetas. En definitiva, el Gobierno de Aznar pretende que España sea el primer alumno en lograr la convergencia económica aunque continúe aumentando la brecha de la cohesión social