El caso más escandaloso ha sido, sin lugar a dudas, el de Sevilla La Nueva. Hace tres años, el Fiscal de Medio Ambiente interpuso una querella por construcción en zona verde, incremento de hasta tres veces de las viviendas máximas autorizadas, y retirada de la protección oficial a viviendas, siendo significativo que, durante los interrogatorios, los imputados no negaron los hechos. Pues bien, el juzgado de Navalcarnero procedió a su archivo, aunque en el propio auto reconocí­a explí­citamente y de manera clara y razonada, que se habí­a permitido construir de forma irregular viviendas en zonas verdes. Con el archivo de esa querella, por el cual el juzgado directamente niega la posibilidad de juzgar estos hechos, se está mandando el mensaje a la sociedad de que no pasa nada por construir viviendas sobre zonas verdes o construir más viviendas de las permitidas. Fuentes judiciales consultadas destacan la existencia de ví­nculos familiares entre algunos de los imputados con la Magistratura.

Otro ejemplo significativo es el caso de Alcorcón, donde se eliminó la obligación legal de construcción de 20.000 viviendas de protección oficial, sustituyéndose por viviendas de precio libre. Ante ello, el Fiscal de Medio Ambiente de Madrid interpuso la correspondiente querella. Sin embargo, hace ya un año que dicha querella se interpuso, y desde entonces el juzgado no ha practicado diligencia alguna.

También hace un año, el Fiscal de Medio Ambiente inició la investigación sobre supuestas tramas urbaní­sticas en varios pueblos del oeste de Madrid, ante lo que reaccionaron varios diputados, alcaldes y concejales de esos municipios (Villaviciosa de Odón, Brunete, Navalcarnero, Arroyomolinos, Villamanta y Villamantilla), solicitando su recusación, consiguiendo iniciar el incidente de recusación. Ha pasado un año y todaví­a se encuentra sin resolver, impidiendo desde entonces al Fiscal de Medio Ambiente intervenir sobre temas urbaní­sticos en esos municipios.

Además, casualmente los tres casos guardan relación, directa o indirecta, con el entramado urbaní­stico que participó en la crisis de los tránsfugas de la Asamblea de Madrid.

Estas decisiones judiciales están vaciando de contenido los artí­culos del Código Penal relativos a la protección del Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, y están creando una sensación de impunidad entre los infractores urbaní­sticos, como demuestra los escritos que presentan en los juzgados insultando gravemente al Fiscal de Medio Ambiente, llegando incluso a interponer querellas contra el propio Fiscal por el desarrollo de su labor, y que inexplicablemente son admitidas por los tribunales.

La situación descrita es un caldo de cultivo para que cada vez se cometan más irregularidades urbaní­sticas en un territorio de gran valor natural como es la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Encinares los rí­os Alberche y Cofio, designada por la Comunidad de Madrid al amparo de la Directiva Comunitaria para la protección de las aves silvestres. Esta ZEPA alberga importantes poblaciones de especies de aves amenazadas, como son el águila imperial o el buitre negro y que ven como su hábitat natural se va degradando paulatinamente.

Por ello, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena quieren trasladar a la opinión pública y al Consejo General de Poder Judicial su profunda preocupación e indignación por lo que está sucediendo, y solicitan a este último órgano que investigue las citadas actuaciones y recuerde a los órganos judiciales su obligación de defender el estricto cumplimiento de los artí­culos del Código Penal relativos a la protección del Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio.