Greenpeace denunció hoy, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva legislación sobre etiquetado, que España se ha convertido en los últimos años en la puerta trasera de entrada de los transgénicos a la Unión Europea. En rueda de prensa Greenpeace ha explicado que España es el único paí­s de la Unión que cultiva maí­z modificado genéticamente e importada más de cuatro millones de toneladas al año de soja y maí­z transgénicos procedentes principalmente de EE UU y Argentina. Cartagena ha sido el puerto elegido por el buque de Greenpeace MV Esperanza para dar la voz de alarma sobre esta situación. El MV Esperanza se suma en Europa a otros dos barcos de la organización ecologista, el Artic Sunrise en América y Rainbow Warrior en Oceaní­a, en un tour internacional contra los transgénicos.

La organización reveló que el año pasado el Gobierno toleró que convivieran 32.000 hectáreas de maí­z Bt, un maí­z con genes bacterianos que generan una proteí­na tóxica, con cultivos ecológicos y convencionales.

"La presencia de estos cultivos en nuestros campos ha provocado graves casos de contaminación, algunos de ellos se han documentado; por ello Greenpeace insta al nuevo Gobierno a tomar medidas y prohibir que nuestros campos se conviertan en un gigantesco experimento genético a gran escala", ha declarado Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace. La mayor parte de las semillas son de la variedad Compa CB, de la multinacional Syngenta, una empresa a la que el Gobierno del PP ha protegido y ha permitido incumplir las normativas desde 1998 en contra de la seguridad de consumidores y agricultores.

España importa unos nueve millones de toneladas de soja y de maí­z procedentes de paí­ses como EEUU, Argentina y Brasil. Aproximadamente la mitad de esta cantidad corresponde a cultivos transgénicos que se incorporan a la cadena alimentaria humana y animal: se estima que más de cuatro millones de toneladas de soja y casi medio millón de toneladas de maí­z provienen de cultivos modificados genéticamente.

Además, los importadores españoles (Cargil, Bunge, Simsa, Interpec, Dreyfus o ADM, por ejemplo) contaminan las partidas al no separar la soja brasileña no transgénica y mezclarla en los silos que contienen soja argentina o de EE UU. Estas empresas niegan así­ a los ciudadanos el derecho a elegir una alimentación libre de transgénicos. "Greenpeace seguirá denunciando ante la opinión pública a aquellas empresas que siguen optando por hacer negocio con la soja transgénica", añadió Juan Felipe Carrasco.

Mientras unas pocas compañí­as multinacionales como Monsanto (más del 90% del mercado), Syngenta, Pioneer o Bayer insisten en promocionar estas obsoletas y peligrosas tecnologí­as, los daños a la biodiversidad y los problemas sociales y económicos de los transgénicos en los paí­ses productores son cada vez más graves.

En EEUU, la contaminación genética de los campos es hoy un grave problema agrario y medio ambiental. En Argentina, tercer exportador mundial de transgénicos, la soja transgénica (el 98% de la soja argentina) y los agrotóxicos que se emplean en su cultivo son responsables de graves problemas económicos, sociales y ambientales. Unos 150.000 agricultores han perdido sus tierras y la producción de alimentos esenciales como la leche, el arroz, o la patatas ha descendido. Se ha constatado que esta soja de la compañí­a Monsanto, cuyas hipotéticas ventajas carecen de fundamento, contiene una serie de errores tanto genéticos como de evaluación de su impacto. España importa más de dos millones y medio de toneladas de esta soja argentina.

El último paí­s que se ha incorporado a la exportación de transgénicos a España es Brasil. Aunque hasta hace unos meses estaban prohibidos los organismos modificados genéticamente, en los últimos años este paí­s ha sufrido continuas contaminaciones ilegales en los estados más cercanos a Argentina, fundamentalmente en Rio Grande do Sul. Presionado por Monsanto, y acabando con la esperanza de la mayorí­a de agricultores y consumidores brasileños, el Gobierno de Lula ha autorizado el cultivo de soja transgénica de forma provisional en este estado. A pesar de la presión de los intereses financieros a favor de los transgénicos, el estado vecino, Paraná, ha prohibido por ley el cultivo, el transporte y la exportación de transgénicos. Greenpeace insta al Gobierno brasileño a no cometer los mismos errores que Argentina y a proteger su mercado exportador libre de transgénicos.

Greenpeace ha denunciado la situación española un dí­a después de la entrada en vigor de la nueva legislación europea sobre etiquetado y trazabilidad de alimentos y piensos modificados genéticamente. Estas nuevas normas están muy lejos de aportar a los consumidores una información completa, ya que no obligan a etiquetar los productos como la leche, la carne o los huevos, es decir, los productos derivados de animales que han sido alimentados con transgénicos. "Aunque es un paso adelante en la lucha por conseguir un etiquetado que dé la posibilidad a los consumidores de elegir, es inaceptable que las autoridades europeas no reconozcan el derecho de los consumidores a saber cómo y a costa de qué han sido alimentados los animales cuyos derivados consumen, sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de los transgénicos se emplean en producir piensos compuestos", ha declarado Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace.

Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace (a bordo del MV Esperanza), 626.99.82.44
Prensa Greenpeace
Marta Rodrí­guez (a bordo del MV Esperanza) 660.47.12.67
Asensio Rodrí­guez, 91.444.14.00/ 609.50.39.74