La crisis de Arauca, departamento que se extiende a lo largo de la frontera septentrional de Colombia con Venezuela, está alimentada por la ofensiva militar y de seguridad que lleva a cabo el gobierno en la zona desde hace dos años, con el apoyo de grupos paramilitares y de poderosos intereses militares y económicos internacionales, principalmente estadounidenses.

Los grupos guerrilleros, que desde hace tiempo tienen presencia en Arauca, vienen respondiendo con vulneraciones reiteradas y crecientes del derecho internacional humanitario, en un intento de rechazar el avance del ejército y los paramilitares.

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistí­a Internacional condena la estrategia contrainsurgente del gobierno en Arauca, que ha convertido el departamento en un violento laboratorio de pruebas de muchas de sus nuevas polí­ticas de seguridad, que forman parte de lo que se conoce como estrategia de "seguridad democrática".

"Las polí­ticas del gobierno colombiano han ocasionado el aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad. Como es habitual en Colombia, es la población civil la que más sufre", ha declarado Amnistí­a Internacional.

Las fuerzas armadas colombianas, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros han potenciado de forma significativa su presencia en el departamento, convirtiéndolo así­ en una de las regiones más militarizadas y violentas del paí­s.

Los grupos guerrilleros están atacando a civiles, en especial a los funcionarios gubernamentales locales, y vulneran el derecho internacional humanitario cometiendo reiterados ataques desproporcionados contra objetivos militares en los que suelen utilizar bombas y morteros de baja precisión. Es habitual que estos ataques se salden con ví­ctimas civiles.

Las fuerzas armadas, en colaboración con grupos paramilitares, participan directamente en homicidios, torturas y "desapariciones" y han aumentado sus esfuerzos para intimidar a los defensores de derechos humanos, lí­deres campesinos y activistas sociales, poniéndolos a menudo en peligro al calificarlos de guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla.

Silenciando a estos grupos -en la vanguardia de las denuncias de las violaciones de derechos humanos que cometen el ejército, sus aliados paramilitares y los grupos guerrilleros- las autoridades pueden mantener la ficción de que mejora la situación de los derechos humanos.
Los paramilitares, que han afianzado su presencia en Arauca tras las operaciones en gran escala realizadas por las fuerzas de seguridad colombianas en la zona en los últimos años, siguen matando y amenazando a los civiles a pesar del alto el fuego que ellos mismos declararon hace un año.

"Arauca está en la primera lí­nea de la crisis de derechos humanos de Colombia.
Lejos de restablecer el orden, la estrategia de seguridad del gobierno ha convertido al departamento en un lugar aún más peligroso para vivir", afirma Amnistí­a Internacional.

"El apoyo de Estados Unidos a unidades militares que actúan en Arauca ilustra cómo la comunidad internacional cierra los ojos ante los abusos contra los derechos humanos en Colombia. La protección de los civiles debe tener más prioridad que los intereses económicos y estratégicos, y es la ví­a más efectiva hacia la seguridad en la región".

Las medidas de seguridad del gobierno colombiano incluyen la reciente introducción de una ley antiterrorista y las zonas de rehabilitación y consolidación, áreas geográficas especiales de seguridad creadas en el 2002, que ya no existen legalmente, a pesar de lo cual las fuerzas de seguridad continúan utilizándolas para atacar a poblaciones civiles.

Pueden obtener la versión í­ntegra del informe titulado Colombia: Un laboratorio
de guerra: Represión y violencia en Arauca en http://web.amnesty.org/library/index/ESLAMR230042004.