El Departamento de Comunicación de CC.OO. ha hecho público un comunicado en el que afirma que "los trabajadores temporales sufren mayor siniestralidad laboral, cobran menos y suelen estar excluidos de los cursos de formación de las empresas". Según CC.OO., la causa principal de la temporalidad son los usos y costumbres de las empresas en materia de contratación, lo que a veces se ha denominado cultura de la precariedad. Estos usos y costumbres tienen su origen en el fomento de la contratación temporal no causal, que se produjo a partir de los ochenta hasta principios de los noventa.

En opinión de CC.OO. uno de los principales usos que hacen las empresas de la contratación temporal es como "contrato de entrada", a pesar de no ser ésta una causa legal para realizar este tipo de contratos. Evidencian este uso: Que la mitad de los trabajadores temporales sean jóvenes menores de 30 años; que la temporalidad afecte más a los inmigrantes, pues están recien llegados al mercado de trabajo español; y que afecta tanto a licenciados como a trabajadores con un bajo nivel de formación académica.

Otra prueba de la cultura de la precariedad en la contratación es el uso sistemático que acostumbran hacer las empresas de servicios de la contratación temporal a tiempo parcial. Asimismo, las diferencias con la Unión Europea en la tasa de temporalidad entre sectores tecnológicamente homogéneos son otra prueba de esos usos y costumbres. Por ejemplo, la tasa de temporalidad en la Administracuión Pública española es del 18%, mientras que en la UE es del 11%.

La segunda causa importante de la temporalidad, precisa CC.OO., es la estructura empresarial y el tipo de tejido industrial. Entre las consecuencias, se destaca que los trabajadores temporales sufren un mayor í­ndice de siniestralidad laboral; que las retribuciones de los trabajadores temporales están por debajo de las percibidas por los indefinidos; que los trabajadores temporales suelen estar excluidos de los cursos de formación de las empresas; y que el empleo indefinido es una condición necesaria exigida por las entidades financieras para acceder a un crédito hipotecario.