La presentación de 21 querellas por parte de Subtel (Subsecretaria de Telecomunicaciones) contra radioemisoras que -transmiten fuera de los marcos legales-, motiva a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC a puntualizar el contexto jurí­dico, social y cultural en que ocurren dichas emisiones.

En Chile existe una legislación restringida para regular la radiodifusión comunitaria, está referida sólo a la cobertura, no reconoce, ni alienta el carácter comunitario y los proyectos sociales que son fundamento de dicha radiodifusión.

Muchas de estas radios han desarrollado estrategias creativas de sostenibilidad, para hacer frente legislaciones que no dan lugar a este tipo de actividad radial o que son francamente adversas y discriminatorias.

En Chile, la Subsecretarí­a de Telecomunicaciones ha decido entablar una querella, atendiendo una denuncia de ARCHI, el criterio es cumplir la ley vigente. Proponemos abrir una discusión y debate ciudadano sobre la formas de administración del espectro radiofónico, que considere la actividad radial como ejercicio del derecho a la información cuya regulación debe tener como marco la Convención Americana de Derechos Humanos.

Un debate de estas caracterí­sticas permitirá situar asuntos como lo plazos de concesión, potencia, sostenibilidad y otros. Todos ámbitos que muestran diferencias discriminatorias entre la radiodifusión comercial y comunitaria, para muestra un botón: El 2002 la ARCHI consiguió extender por 10 años más las concesiones, que ya tení­an 25 años de un número importante de radios en la banda FM de Santiago, las radios de mí­nima cobertura deben volver a licitar cada 3 años.

AMARC ALC creada en 1983, reúne a 500 emisoras y centros de producción radiofónicos en América Latina y el Caribe, cuenta con estatus consultivo ante Naciones Unidas y un Programa de Legislación y Derecho a la Comunicación. La defensa de las radios comunitarias ante marcos legales discriminatorios es uno de sus principales ejes de su trabajo.

Chile no escapa de esta realidad que afecta a América Latina y otras partes del mundo. El espectro radiofónico es patrimonio de la humanidad, los estados tienen el deber de administrarlo en forma equitativa, de manera que de cuenta de la pluralidad de sentidos presentes en las sociedades contemporáneas. Los estados deben alentar el ejercicio de los derechos humanos por parte de la ciudadaní­a, en particular aquel referido al derecho a las comunicaciones con carácter autónomo, libre e independiente.

Hablamos de centenares de radios que comparten la misión de democratizar las comunicaciones, donde la sociedad civil ejerce comunicabilidad, cuyos sentidos y propiedad son distintos del lucro, del proselitismo polí­tico o religioso. Son estaciones que en su editorialidad representan los intereses de su comunidad, sea ésta una pequeña localidad o un amplio sector social. Las radios comunitarias trabajan con altas o bajas potencias, con voluntarios o personal contratado. Se establecen como organizaciones sin fines de lucro, lo cual no impide implementar estrategias de sostenibilidad que incluya la venta de publicidad y constituirse así­, como empresas rentables. Son radios que ofrecen programación formativa, educativa, distinta de la uniformidad del mercado que manda el dial comercial.

Es por todo lo anterior que solicitamos a la autoridad que atienda la necesidad de entablar un diálogo que incorpore no sólo a la radiodifusión comercial, sino a lo actores ciudadanos y comunitarios.