Conviene recordar que la Disposición Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores preveí­a la posibilidad de utilizar la jubilación forzosa como instrumento para realizar una polí­tica de empleo y, señalaba expresamente que en la negociación colectiva podrí­an pactarse libremente edades de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social.

La derogación de dicha Disposición Adicional por el Real Decreto-Ley 5/2001 de 2 de Marzo ha llevado al Tribunal Supremo a señalar en la Sentencia citada que "no es factible ya que mediante la negociación colectiva se puedan establecer determinadas edades de jubilación forzosa, y ello porque tal disposición adicional actuaba como norma habilitante para la negociación colectiva, por lo que desaparecida aquélla, ya no serí­a posible disponer del derecho al trabajo como instrumento para realizar una polí­tica de empleo.

Las Organizaciones Empresariales y Sindicales, tras expresar su respeto a la Sentencia, han puesto de manifiesto que, en su opinión, el fallo judicial no ha considerado suficientemente el papel que la negociación colectiva tiene en el sistema de fuentes del derecho español.

En nuestro ordenamiento jurí­dico el Convenio Colectivo tiene una fuerza vinculante que deriva directamente de la Constitución, por lo que no necesita una autorización expresa del legislador para negociar materias de í­ndole económica, laboral, sindical, o cuantas otras afecten a las condiciones de empleo, entre las que, sin duda se encuentra la jubilación forzosa como instrumento de polí­tica de empleo.

Las Organizaciones Empresariales y Sindicales han expresado su preocupación por los efectos que el fallo judicial puede tener en el desarrollo de las relaciones laborales y, en particular, en la negociación colectiva, cuyo equilibrio interno está construido sobre mutuas renuncias de las partes negociadoras.

Por estas razones UGT, CCOO, CEOE y CEPYME han acordado dirigirse al Gobierno, una vez que éste se constituya, para que a la mayor brevedad posible se promueva la oportuna reforma normativa que faculte a los Convenios Colectivos para pactar, por razones de polí­tica de empleo edades de jubilación obligatoria, sin perjuicio de lo previsto en materia de Seguridad Social, dotando así­ a la negociación colectiva de la necesaria seguridad jurí­dica.