Se repite el juicio cuya sentencia condenatoria anuló la Audiencia Provincial de Madrid

El 26 noviembre de 2000, durante la manifestación convocada por la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) para reclamar la abolición de la deuda de los paí­ses empobrecidos, se produjo una violenta carga policial contra los manifestantes que protestaban pací­ficamente en una sentada en las escaleras del Congreso. La actitud de la policí­a, que produjo numerosos heridos, sobresaltó a la opinión pública a través de las imágenes difundidas por televisión y prensa. Incluso representantes de los sindicatos policiales consideraron la carga desproporcionada y en un sentido parecido se pronunció el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Cuatro años después de aquel sorprendente desenlace en una protesta no violenta, un manifestante tiene que afrontar un juicio.

El fiscal solicita dos años de cárcel, por un supuesto delito de lesiones a un policí­a. Hay que recordar que en julio del 2002 esta persona fue condenada ya a la misma pena en un juicio en el que la magistrada encargada del caso se negó a aceptar como prueba las imágenes grabadas por agencias informativas, a pesar de que este video dejaba pocas dudas sobre la violencia con la que actuaron los antidisturbios así­ como sobre la actitud pací­fica de los manifestantes. La sentencia condenatoria fue anulada por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que se habí­an dado una serie de irregularidades en el proceso.

Asimismo no podemos dejar de señalar que, si bien está abierto otro proceso contra la policí­a, la justicia no ha trabajado con la misma rapidez en uno y otro caso. Mientras que la acusación contra el manifestante ha conocido ya un primer juicio que ahora se repite, todaví­a no hay fecha para un juicio contra los policí­as implicados. La lentitud con la que avanza este segundo proceso llama la atención cuando se tienen en cuenta las imágenes grabadas y las cerca de 200 acusaciones contra la actuación policial. De éstas, 58 personas presentaron partes de lesiones tras ser atendidas, por fracturas y contusiones, en las urgencias hospitalarias.

Por tanto, denunciamos no sólo la actuación policial sino asimismo la tardanza en la resolución de los dos procesos judiciales abiertos, con la inseguridad que esto genera en el imputado. Por otra parte creemos que lo sucedido no es un hecho aislado sino que se enmarca en la represión sistemática ejercida contra los movimientos ciudadanos, dirigida por el Delegado del Gobierno, F.J. Ansuátegui, durante la mayorí­a absoluta del PP. Cabe recordar el reiterado cuestionamiento de su actuación por los grupos de la oposición y hasta por el teniente fiscal del TSJM.

El juicio se celebrará mañana viernes 2 de abril a las 10 horas en el juzgado nº 24 de Julián Camarillo (número 11, 4ª planta).